La Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, 'Estrategia europea para la energía renovable marina', recoge los objetivos de producción de energía renovable marina en todas las cuencas marítimas de la Unión: al menos 60 GW (gigavatios) para 2030 y 340 GW para 2050, y en particular para energía eólica marina, entre los 70 GW y los 79 GW en 2030. Y todo ello enmarcado dentro del Pacto Verde Europeo y la Ley Europea del Clima, que establecen un objetivo a escala de la Unión de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 % para 2030 y el logro del objetivo de neutralidad climática para 2050.

Es un desafío enorme para España, cuando disponemos del recurso (el viento), la tecnología (los aerogeneradores), el emplazamiento (el borde costero y los puertos) y la capacitación (industria eólica y construcción naval).

En Andalucía son tres los proyectos de eólica offshore presentados, el de Mar de Ágata en Carboneras, el de Cobra en Cabo de Gata (ambos en la costa almeriense), y el de la Bahía de Cádiz promovido por Autoridad Portuaria.

El Parlamento Europeo considera de suma importancia "crear un amplio consenso público en torno a los proyectos de energía renovable marina a través de la participación de los agentes locales, con vistas a aumentar la aceptación pública de la energía eólica marina y de las grandes infraestructuras necesarias". Esta pretensión no se está consiguiendo, todos los proyectos conocidos en aguas españolas cuentan con un reiterado rechazo a su implantación, empezando por el primero que conocimos, el de Mar de Trafalgar en Barbate.

¿Está justificada esta oposición? Depende. Para proyectos insostenibles o con fuerte impacto ambiental, como los de Cabo de Gata y Bahía de Cádiz, sí. Para los otros dos señalados, el de Barbate y el de Carboneras, no.

La energía eólica, junto a la solar fotovoltaica, contribuyen a rebajar el precio de la electricidad; la eólica marina, aun siendo más cara que la terrestre, es mucho más eficiente, puesto que en el mar no hay irregularidades. Disponer de parques eólicos en nuestras costas, bien diseñados y sostenibles, contribuiría a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, potenciar las economías locales y favorecer el desarrollo portuario.

¿De dónde procede entonces esta demonización de los parques eólicos marinos? De los impactos ambientales que los acompañan, el paisajístico y el daño a cetáceos y aves, sobre todo. ¿Son solucionables? Sí, si contamos con los esperados POEM, Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, que tienen que fijar las zonas aptas, vulnerables y prohibidas, y si las Evaluaciones de Impacto Ambiental se realizan con rigor. Y, por supuesto, si los municipios y los ciudadanos cuentan con toda la información y participación posibles, además de posibilitar formar parte de la propiedad de los proyectos.

Nada que no se deba y se pueda cumplir.

Contamos con una Estrategia Andaluza de Energía 2030, con las proclamas del presidente Moreno Bonilla de pasar de 12 GW a 20 GW de renovables, pero hasta ahora la Junta de Andalucía se ha puesto de perfil, sin concretan ningún tipo de apoyo a los proyectos de renovables a implantar. Tampoco desarrolla las APER, Áreas Preferentes para las Energías Renovables, contenidas en la Ley andaluza de Fomento de las Energías Renovables, y hasta la fecha sin implementar.

Construir aerogeneradores flotantes, no anclados al suelo marino, es la oportunidad de salvar el hándicap de contar con una plataforma continental muy estrecha, que no permite implantar parques fijos a más de 50 metros de profundidad. España es el primer desarrollador de prototipos del mundo: de las trece instalaciones flotantes de prueba que hay actualmente, once han sido fabricadas por empresas españolas. El Gobierno dispone de una hoja de ruta para la energía eólica marina con el objetivo de alcanzar los 3 gigavatios en 2030. No solo hay que aspirar a que los proyectos de eólica offshore dejen beneficios en la población cercana, sino que ésta debe ser partícipe en la inversión, y por tanto en la propiedad, de los parques eólicos, a través de la fórmula de comunidades energéticas y ciudadanas de energía. En lo tecnológico, debe primar en toda la cadena de valor el empleo de tecnologías y servicios autóctonos, usando los puertos cercanos para su fabricación, operación y logística. En lo laboral, la creación de empleo próximo y de calidad, es del todo exigible.

Y, por supuesto, garantizando los proyectos el respeto a la Estrategia de Conservación de Biodiversidad europea, la Directiva Hábitats, la Directiva Aves, la Directiva marco de la Estrategia Marina, la Red Natura 2000 y en general todos los espacios marinos protegidos.

Un debate ciudadano sereno, documentado y participativo, que evite posiciones "no en mi patio trasero", es lo que necesitamos.