No cabía ninguna duda. Si la ministra de Justicia, perdón, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, había comunicado ya las mojigatas medidas a seguir por el cuerpo de fiscales, poco cabía esperar del CGPJ, que ha aprobado a primera hora de la tarde de ayer una instrucción absolutamente insuficiente para "limitar la propagación del coronavirus COVID-19". El Consejo parte de dos escenarios siguiendo la directriz no escrita que ha señalado el Gobierno de Sánchez a través del Ministerio de Sanidad del filósofo Illa: El escenario 1 es el general para toda España, mientras que el escenario 2 es el de los territorios con medidas especialmente intensas para combatir la pandemia que se avecina. Las medidas recomendadas de protección individual ya se conocen: higiene de manos frecuentes, evitar contacto con personas con afecciones respiratorias y mantener un metro de distancia hasta con tu cliente.

El resto de medidas de ese escenario 1 en el que muchos juristas nos encontramos es tan liviano que casi ni se va a sentir: señalar los juicios con suficiente tiempo de separación entre unos y otros, que no acceda público a los mismos o que se utilice en lo que se pueda ese sistema de videoconferencia fallón y chapucero que tenemos en Andalucía (y que es objeto de choteo en el resto del país judicial).

Y fin. Se acabó. Eso es todo lo que el CGPJ ha decidido al respecto. Mientras en China llevan más de un mes en cuarentena, en Georgia (EEUU) se ha dictado el estado de excepción y en Italia han decidido cortar por lo sano, aquí seguimos entreteniendo a los votantes (que es lo que somos para según quién) con la suspensión de la liga de fútbol, la defensa de la Semana Santa, el agotamiento de los rollos de papel higiénico y la infección de Ortega Smith.

Nuestro gobierno se afana hasta la extenuación en escenificar que está todo controlado, que las medidas se coordinan con la UE y las CCAA y que vayamos haciéndonos a la idea (aunque no se haya construido ni un hospital de emergencia ni se haya conveniado con la privada la cesión de instalaciones para las UCI) de que vienen meses duros. Y, mientras tanto, el CGPJ deja en la tacada a los operadores jurídicos. Ejemplo: los jueces, para suspender una vista por razones sanitarias, tendrán que esperar la autorización del presidente del tribunal correspondiente y la ratificación de una Comisión Permanente del propio CGPJ que, imaginamos, responderá a la velocidad de la noche. Claro, claro.

Ya ha aparecido un funcionario contagiado por coronavirus en los juzgado de Madrid, ¿qué estarán pensando sus compañeros y los funcionarios del resto de España? ¿Qué harán los jueces que no puedan trabajar desde casa? ¿Y los letrados de la administración de justicia, obligados a realizar cotejos de móviles y los apud acta de las partes procesales? ¿Y los procuradores, tratando con letrados, contrarios, funcionarios, LAJ´s, jueces, fiscales y todo lo que se tercie? Y, por último: ¿qué pasará con los abogados?

Algo fundamental en una profesión como la del abogado es la fidelización del cliente, la cita "cara a cara", el apretón de manos, ergo afectará a su negocio. Pero luego vienen otras tesituras que lo convierte en operador jurídico de alto riesgo de contagio: las reuniones con las partes, testigos y peritos (también médicos), las negociaciones en la puerta de la sala de vistas con los abogados contrarios, las gestiones con los agentes de gestión procesal, los debates jurídicos en sala, las asistencias en dependencias policiales y en calabozos judiciales a los detenidos. ¿Quién protegerá del coronavirus a ese abogado al que se obliga a ir a juicio mientras el fiscal quizá no aparezca o intervenga por videoconferencia? Creo que ni el morigerado CGPJ, ni el desaparecido Pablo Iglesias, ni el siempre compungido Pedro Sánchez. Los colegios de abogados tendrán que mover ficha, al igual que los de procuradores.

El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tienen que amparar a todos los operadores jurídicos aunque ralentice la impartición de justicia. Aunque, claro, hablamos de la misma justicia que permite hoy que se señalen vistas para 2024, que bloquea la tramitación de demandas contra entidades bancarias mediante la creación de juzgados especializados sin dotación de medios. De esa justicia española que, como todos saben, es un cachondeo, así que habrá que esperar quince o veinte días para que se acuerde un paro judicial, ya verán. Y para entonces, todos esputando espumarajos. Pero, eso sí, dispensemos a los letrados de usar la toga en los juicios, mire usted, no vayan a acusarnos de que nos despreocupamos de la salud de los leguleyos.