Hay conflicto no resuelto entre la Fiscalía y los jueces del Supremo que juzgaron a los independentistas, los primeros siguen convencidos de que el delito era de rebelión y no de sedición, aunque acatan la decisión del Alto Tribunal. Hay conflicto de intereses entre la Abogacía General del Estado y la Fiscalía General exactamente por la misma razón. Existen discrepancias entre el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Supremo, como ha habido discrepancias también entre los jueces y los fiscales del Supremo porque los segundos querían que en la sentencia se recogiera que los condenados a prisión no pudieran acceder al segundo o tercer grado hasta que se cumplieran los tiempos y requisitos que se aplican a todos los presos: no se fiaban de las autoridades penitenciarias catalanas que tienen transferidas las competencias.

Pero sobre todo hay un enorme conflicto de intereses entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Justicia, a pesar de que hay dos jueces en su gobierno. No le convienen a Sánchez las consideraciones del Tribunal Supremo respecto a la sentencia del TJUE y la forma de aplicar esa sentencia respecto a cómo y cuándo pueden tomar posesión definitiva de sus escaños Puigdemont y Junqueras; y, lo que es más importante, si la inmunidad de europarlamentario se aplica a Junqueras desde el momento de su elección. Porque la opinión del Supremo es que una vez condenado a prisión ya no cabe la inmunidad.

Este último asunto es lo que ha provocado el conflicto más grave que se ha dado nunca entre un Gobierno español y el Supremo. Pedro Sánchez quiere ser presidente incluso retorciendo la interpretación de las leyes y de la Constitución para lograrlo. Está sometido a un chantaje por parte de ERC y todo apunta a que va a ceder, para bochorno de toda España.

Sánchez es más peligroso que aquellos a los que hace semanas consideraba políticos peligrosos con los que no se podía negociar ni pactar.

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