La confirmación de la anulación del PGOU de El Puerto por parte del Tribunal Supremo ha sorprendido más por el momento que por su contenido. Al fin y al cabo, no hace más que abundar en su razonamiento en lo que ya apuntaba el TSJA: que falta coherencia e integridad a un plan desarrollado a trompicones.

Puestos a volver a la casilla de salida -en este caso, el plan del 92-, digo yo que mejor será hacerlo cuanto antes y empezar a trabajar en los próximos pasos. Sin embargo, leo en algún análisis que la estrategia del equipo de gobierno era precisamente la contraria: que esto se alargara ad eternum, de modo que mientras todo estaba por decidir, se fueran desarrollando proyectos urbanísticos, aunque no hubiera garantías de su legalidad. Otro parche más, que es, en resumen, lo que viene a reprochar el Supremo.

Dice en su escrito que al plan le falta “coherencia”. Que se ha ido enmendando, rectificando por un lado y otro, de modo que el resultado nada tiene que ver con la propuesta de origen. Que el modelo de ciudad que surge de todos estos parches no se parece a la propuesta inicial, y que los ciudadanos, por tanto, no han podido dar su opinión.

El Supremo no se muestra ajeno a la realidad del desarrollo de estos planes, y entiende que a veces se dejen algunas áreas pendientes de un mayor detalle, pero siempre que se respete la estructura global del plan. Eso no es lo que ha ocurrido en El Puerto. Según la sala que ha rechazado el recurso del Ayuntamiento, estos cambios sucesivos han alterado tanto aspectos sustanciales del documento de ordenación, que lo que tenemos es un plan sin integridad ni coherencia.

Tristemente, la anulación del PGOU no hace más que enfrentarnos, otra vez, con la realidad de una ciudad que no acaba de encontrar su modelo de desarrollo. El Supremo pone palabras a esa sensación intangible de que El Puerto camina sin rumbo, de que los sucesivos equipos de gobierno no han sabido proyectar un futuro por el que trabajar; que no tenemos claro, ni siquiera los portuenses, lo que queremos ser.

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