Análisis

rogelio rodríguez

Bolas de grasa en vena

Sánchez está en la encrucijada: con la Constitución o contra ella. No tiene otra

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha inyectado bolas de grasa en las atoradas venas de la política española. Hay que creer que no era su objetivo, que la sentencia sobre la inmunidad del preso Oriol Junqueras obedece a la consulta que en su día formuló el Tribunal Supremo y que está avalada por la puridad jurídica que se le atribuye a una institución fruto de los acuerdos suscritos entre los países de la Unión Europea, en aras de un espacio judicial democrático y común para determinados supuestos. Y es preciso señalar que el TJUE ha reconocido la responsabilidad del Supremo para decidir sobre la situación del reo, líder de ERC, condenado por sedición y malversación, aunque este aspecto es del todo obvio, pues lo contrario atentaría contra la Justicia en España, como también lo sería que se pronunciara sobre el castigo al convicto.

Pero el fallo, por tardío y destemplado, empeora la ya de por sí grave situación política de un país miembro, lo que pone de manifiesto que, en determinados asuntos, es conveniente ampliar a las partes litigantes el foco que ilumina la causa. Y no sólo eso, sino la contradicción que el dictamen del TJUE representa frente al documento que emitieron los letrados de la Eurocámara y de la Comisión Europea, coincidente con el criterio del Tribunal Supremo y de la Abogacía del Estado, en el que negaban a Junqueras la condición de diputado, hecho que, en definitiva, respaldaba el juicio y posterior sentencia a los líderes de la sublevación contra el orden constitucional. Carece de explicación que un político detenido, o bajo orden de detención, pueda presentarse como candidato al Parlamento Europeo. No puede ser eurodiputado alguien que viola la legislación de su país o, simplemente, no acata la Constitución. Y parece incuestionable, en definitiva, que, dado el caso, el permiso para que el elegido formalice su juramento en la Eurocámara depende de las autoridades de la nación a la que pertenece.

Aunque tampoco la justicia está exenta de disparates y abundan motivos para desconfiar de la trama política, como la inquietante presteza de los jerarcas de la Eurocámara para levantar la prohibición de acceso a Carles Puigdemont, existen también contundentes razones para confiar en que la sentencia del tribunal de Luxemburgo no influirá, ni mucho menos modificará, en la firme condena a Oriol Junqueras, ni permitirá que el fugado ex presidente de la Generalitat regrese a España, acompañado de sus ex consejeros huidos y enaltecido de éxito por las hordas secesionistas. La inmunidad no significa impunidad. Y la defensa de nuestra legalidad, de nuestro Estado de derecho, corresponde a nuestras instituciones, empezando por el Gobierno.

Toca a Pedro Sánchez, como presidente y como candidato a la investidura, afrontar el laberinto -mitad jurídico, mitad político- que ha propiciado el TJUE. Su coaligado Unidas Podemos pide la libertad de los presos del 1-O y ERC ha roto el diálogo y agudizado el público chantaje. Sánchez está en la encrucijada: con la Constitución o contra ella. No tiene otra.

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