¿Qué hay de lo mío?

Una de las incoherencia del Estado de las autonomías es la falta de una pirámide salarial

El 2 de enero recibí en mi móvil a las 9.20 horas un mensaje de texto que decía: "Feliz año, Enrique, ¿qué hay de lo mío?". Ese concepto eterno e inmaterial que es "lo mío" no se refiere a una mordida o comisión, que les veo venir, sino a la espera ansiosa de una sentencia que se está demorando un poco. Recién leído el sms, fui al juzgado a una declaración que ya sabía yo que al final no iba a celebrarse y como quiera que no había desayunado, me cité a mí mismo en el bar Chemari para tomar un café de los buenos. Allí encontré a Paco, el informático del juzgado y a un amigo guardia civil, felicitándonos el año mutuamente. Le pregunté al uniformado de qué quería que hablara en el artículo de hoy y me contestó espontáneamente que de su "equiparación salarial". Me quedé cavilando el resto de la mañana y decidí hacerle caso: hacía tiempo que deseaba escribir de ese tema y la propia actualidad, semana a semana, había ido enterrándome el asunto.

Una de las más graves incoherencias del Estado de las autonomías de esta democracia social nuestra es, sin duda, la falta de una pirámide salarial obligatoria por ley. Esta medida kelseniana, que algunos partidos incluían expresamente en sus programas, parece haberse quedado en segundo plano con el paso del tiempo frente a peticiones como la transparencia institucional, los aforamientos limitados y la subida del S.M.I. Considero la coherencia salarial una cuestión de justicia: del Jefe del Estado y el presidente del Gobierno hacia abajo habría de regularse la percepción salarial en la función pública. Siempre me pareció un escándalo que un asesor designado a dedo cobre más que una alcaldesa, un concejal de urbanismo más que un ministro o un vice-consejero más que un presidente autonómico.

Y con los cuerpos policiales ocurre otro tanto. Me resulta un absoluto despropósito que funcionarios que realizan una función policial análoga o similar perciban cantidades distintas. Ese fue el motivo por el que nació JUSAPOL (Justicia Salarial Policial): forzar a los legisladores a equiparar los salarios de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. Según cuenta JUSAPOL en su propia página web, existe un escalón desfavorable a los cuerpos policiales nacionales de hasta 600 euros al mes entre un policía nacional y otro autonómico, en función de escalas, puestos de trabajo, horas extra y otras variables. Una clara injusticia denunciada, además, por un colectivo multitudinario de funcionarios votantes, por lo que los partidos de la oposición se subieron a su carro y, llegado Pedro Sánchez al gobierno, se acordó llevar a cabo un pacto lógico. El problema, en cierto modo, es Torra. La retirada de apoyos a los presupuestos generales del Estado del gobierno de Falcon parece afectar a las partidas acordadas para la citada equiparación, y por ello no se ha hecho efectivo el pacto en el mes de octubre de 2018, fecha de inicio anunciada por el ministro Grande-Marlaska. Normal que mi amigo picoleto me pida que escriba de lo suyo una fría mañana de enero en el Bar Chemari: los Reyes Magos están casi llegando a Belén y lo suyo sigue igual, sin movimiento.

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