La verdad se puede enmascarar de muchas formas, los intereses también. Lo cierto es que las manifestaciones de los trabajadores de Navantia, la presión de CCOO y UGT, y las declaraciones de la presidenta de la Junta y del alcalde de Cádiz exigen-apoyan-justifican la venta de armas a uno de los países menos democráticos del mundo, promotor del terrorismo islámico y que está perpetrando en Yemen un auténtico genocidio.

Las armas y las bombas son para matar. Esta verdad de perogrullo se pretende edulcorar con argumentos que no se creen ni los que los pregonan: que se vendan con garantías de que no sirvan para atacar a la población civil o para atentar contra los derechos humanos. De nada han servido las terribles imágenes de matanzas de niños con armas que les vendemos los muy democráticos y cristianos países occidentales. Los intereses de una empresa y sus trabajadores lo justifican todo, hasta la matanza de inocentes con las corbetas que van a fabricar, a vender y a enseñar a manejar a un Estado promotor del terrorismo. Las corbetas no se utilizarán para paseos de placer, son herramientas de guerra. ¡Bienvenidos los petrodólares aunque estén manchados de sangre!

El gobierno español tuvo un ataque de honestidad y paralizó inicialmente la venta de bombas a Arabia Saudí. Pero ha cedido al chantaje. Ahora la justifica diciendo que son de precisión, que sólo matarán de forma selectiva, o sea, a la población civil de Yemen. En el conflicto de intereses entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, no debiera haber dudas. Por eso me gustaría haber visto una manifestación de trabajadores de Navantia pidiendo una reconversión de este astillero para no verse en la tesitura de elegir entre comer o fabricar armas para matar. Y alternativas las hay: el enorme mercado de reciclado ecológico de buques y la energía eólica marina. Así contribuiríamos a la paz, a resolver déficits ambientales y a crear puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval. Ese es el futuro.

Hay que dejar de colaborar con una monarquía autocrática medieval, que vulnera todos los derechos humanos y promueve el fundamentalismo salafista y el terrorismo islamista, por muy amiga y generosa que sea con la casa real borbónica.