La financiación autonómica llegó al debate electoral. Los candidatos reclaman más recursos para Andalucía, pero no dan pistas sobre sus preferencias para el futuro acuerdo. El tema es importante, porque la financiación debería ser el mortero que garantice la estabilidad del edificio autonómico, aunque sus deficiencias lo han convertido en una de sus principales amenazas de demolición. La complejidad y la opacidad han hecho de la financiación autonómica terreno propicio para la manipulación política y motivo principal de crispación en la relación estado-autonomías, con tendencia a acrecentarse cuando se acerca el momento de su renovación.

Por ello, al futuro modelo habría que pedirle, en primer lugar, estabilidad en el tiempo, para lo cual sería imprescindible, y ésta sería la segunda petición, un importante esfuerzo de solidez y sencillez, con el fin de frenar las artimañas oportunistas. Existen dos vías fundamentales para conseguirlo. Por un lado, reducir al máximo diversidad de fondos que operan en la actualidad (Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competencia), cada uno de ellos con su propia dinámica y cuya acumulación da lugar a resultados arbitrarios e irracionales. Por otro lado, simplificar las variables de reparto, en especial el concepto de población ajustada, que bien podría ser sustituida por la población de derecho.

La mayor sencillez facilitaría la comprensión, favorecería la estabilidad en el tiempo y la resistencia del sistema a las interferencias políticas, pero exigiría profundizar en la eliminación de otros obstáculos. Por ejemplo, el objetivo de nivelación, que en la actualidad se limita a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), se intenta satisfacer mediante el fondo de Garantía, pero genera la necesidad de otros fondos para cubrir el resto de las necesidades. Si se consiguiera integrar a todos ellos en un único fondo, el objetivo de nivelación tendría que hacerse extensivo al conjunto de los servicios públicos, lo que permitiría erradicar el discutible criterio de que el medio ambiente o la seguridad viaria, por poner un ejemplo, son menos fundamentales que los servicios sociales.

Los obstáculos a remover para ganar en estabilidad y sencillez son muy diversos, pero es de suponer una notable coincidencia en la conveniencia de reducir la desigualdad en recursos por habitante. Acabar con perversiones como la regla del statu quo, según la cual el nuevo sistema debe proporcionar a cada comunidad, al menos, la misma cantidad inicial de recursos que el anterior, contaría con un amplio respaldo, puesto que impediría que el sistema nazca con una inercia de desigualdad heredada del anterior. Probablemente también que las comunidades forales contribuyan a la nivelación de servicios públicos, a pesar de la disparidad de criterios sobre el anacronismo de su existencia.

Un sistema de financiación sencillo, transparente y comprensible contribuiría a restaurar la confianza en el Estado de las autonomías, además de acercarnos a la utopía (por lo tanto, posible) de un volumen de recursos por habitante similar en todas las comunidades.