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Análisis

rogelio rodríguez

Alborozo republicano en torno al Rey emérito

Borrar la mancha exige bajar a la Corona del púlpito de la inviolabilidad

Un torrente de noticias sobre la execrable conducta privada de Juan Carlos I, antes y después de su abdicación, abastece casi a diario el polvorín de los iracundos enemigos de la Corona. El alborozo republicano es tan retumbante como frágil y tardía la reacción monárquica. El memorable legado público del Rey que renunció a los plenos poderes que le otorgó la dictadura e instauró un régimen de libertades se filtra por las crueles alcantarillas de la historia sin que nadie acierte a frenar esta hemorragia de descrédito. La Casa Real, a pesar de la gestión ejemplar de Felipe VI, se adentra de manera silente en arenas movedizas y se equivocan los que pretenden apuntalar la Monarquía con la sola exhibición de los indiscutibles reconocimientos del Rey caído y la movilización de la sociedad civil. Es la Monarquía y las altas instituciones del Estado las que deben atajar con plena transparencia la crisis que simboliza un monarca emérito que, forzado o no, abandonó su país para cobijarse bajo los opulentos hábitos de una monarquía absolutista, como es la saudí.

Si la salida de España de Juan Carlos I, envuelta en un detestable secretismo, fue un grave error, pues sólo sirvió para nutrir la tormenta de filtraciones sobre sus turbias andanzas económicas y morales, todo cuanto ha trascendido desde aquel 2 de agosto debilita el crédito de una institución imprescindible para el sostén de nuestro Estado de derecho y repercute en un rey, Felipe VI, al que ya no le basta con la ejemplaridad que caracteriza su figura. Son minoría los que aprovechan la fétida coyuntura para tratar de derruir la Monarquía, pero cada vez son más y algunos de ellos ocupan asiento en el Consejo de Ministros, con el plácet de un presidente de compromisos vacilantes. Acallar esas arremetidas es misión institucional, con la Corona al frente, para proteger, sobre todo, lo mucho que representa para la estabilidad del sistema constitucional.

El Rey emérito ha procurado un cortafuegos a su presumible causa judicial con la regularización, sin requerimiento previo, de la fortuna que le donó su amigo mexicano Allen Sanguinés Krause y que ocultó al fisco. Pero con esta singular y delatadora iniciativa sólo zanjará, en principio, el feo asunto de las tarjetas black, que afectaría también a la reina Sofía y a varios de sus nietos, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene en marcha otras dos investigaciones: una, sobre los cien millones de euros que supuestamente recibió del monarca saudí por las obras del AVE a la Meca, de los que unos 65 fueron a engrosar la cuenta de su ex amante Corinna, y, otra, por los fondos detectados en Jersey, que Juan Carlos I niega. De momento, no existe imputación ni querella contra él, pero la mancha es creciente e indeleble y borrarla -o reducirla- exige, además de una exhaustiva aclaración oficial, bajar a la Corona del púlpito de la inviolabilidad e insertarla en el ordenamiento jurídico. Felipe VI debe saber que su tiempo es otro. Seguro que lo sabe y grandes valores se le atribuyen.

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