La administración paralela destapada por las auditorias encargadas por la Junta de Andalucía puede ser una parte importante de la explicación del atraso secular de Andalucía. Si comparamos la situación actual con la de hace 40 años, la conclusión básica es que ni la autonomía política ni los fondos de ayuda al desarrollo han contribuido como se esperaba al progreso de Andalucía, pero han sido de gran utilidad para la creación de circuitos a medida de oportunistas y buscadores de rentas. La diferencia en PIB por habitante apenas se corrigió en cuatro décadas (26,9% inferior en 1980 y 25,7% en 2019), mientras que la diferencia en tasa de paro, por entonces del 6%, ascendió rápidamente al entorno del 10%, donde se mantuvo hasta la burbuja inmobiliaria. Actualmente se mantiene en el 7%, la más elevada tras Canarias.

La autonomía andaluza ha sido, por tanto, una gran estafa a la ilusión colectiva que el 4 de diciembre de 1977 se echó a la calle a reclamar el máximo nivel de autogobierno. Puede que la fuerte apuesta inicial por un modelo de desarrollo de base industrial fuese un error, pero eran tiempos de reconversión industrial y la tentación resultaba comprensible. Mucho peor fue lo que vino tras el 92 y las masivas corrientes de dinero que permitieron el espectacular salto adelante en infraestructuras y equipamientos. Sobre todo, durante la pinza (1994-1996) entre comunistas y populares al gobierno de Manuel Chaves, que encontró en la concertación social los apoyos que le faltaban en el Parlamento. Se estaba levantando el entramado institucional que debía sostener el nuevo poder autonómico y se hizo a base de subvenciones, mucha propaganda y poca transparencia (no había forma de evaluar el resultado de los acuerdos de concertación social). La Andalucía Imparable y las Primera y SegundaModernización, entre otros fuegos artificiales, conseguían tapar las sospechas de clientelismo y corrupción, pese a los alardes financieros de sindicatos y empresarios y su pasividad ante el desastre de las políticas de empleo.

Que las expectativas levantadas con la autonomía habían fracasado era de dominio público a la altura del cambio de siglo, pero la burbuja inmobiliaria que comenzaba a hincharse funcionó como un poderoso espejismo de falso camino hacia la convergencia. Crecíamos más y creábamos más empleo, pero los fundamentos eran tan falsos que el estallido resultó demoledor. La crisis de 2008 y los escándalos de corrupción posteriores se encargaron de desmontar el entramado de intereses en torno a la concertación social. Cayeron la construcción y las cajas de ahorro; se hundió el sistema de bienestar de cartón-piedra y los participantes en la concertación (sindicatos y empresarios) iniciaron sus andanzas ante los tribunales.

Poco y mal contribuyó, mientras pudo, la Junta de Susana Díaz a la instrucción de la juez Alaya. Aunque el relevo socialista ahora nos parezca de lo más natural, lo cierto es que la resistencia fue numantina y el año y medio que resta de legislatura será insuficiente para terminar el trabajo. Habrá que esperar a la próxima legislatura, con los cuchillos bien afilados para una campaña con muchos intereses en juego.

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