El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto que supone el penúltimo paso en el largo camino de la reforma del sistema de financiación del cine, que empezó en diciembre de 2012 con la formación de una comisión mixta en la que el Gobierno y todo el sector se comprometieron a pactar juntos el nuevo modelo. Sin embargo, cuatro años después, y a punto de que ese nuevo modelo entre en vigor -lo haría en enero de 2016-, los productores audiovisuales agrupados en la Fapae piden que la reforma se aplace, porque la ven "precipitada".

Las claves de la reforma habían quedado perfiladas ya en un Real Decreto Ley aprobado en mayo, con el consenso de los productores: un sistema de subvenciones anticipadas y escalonadas, que sustituirán a las ayudas a la amortización, que se conceden dos años después del estreno en función de los resultados en taquilla.

Con este cambio se conseguiría reducir el coste financiero para los productores, que hasta ahora pedían créditos para poder realizar las películas. También se evitarían problemas de tesorería en la Administración, como ha ocurrido en los últimos años, con presupuestos de crisis que no alcanzaban para satisfacer pagos comprometidos años antes. Y sobre todo, ya no serían posibles fraudes como los que se han destapado en las últimas semanas y que investigan varios juzgados de Madrid, sobre productores o exhibidores que falsean los datos de taquilla para conseguir cumplir los criterios mínimos para acceder a la subvención.

El Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros profundiza en algunos aspectos de la reforma, con medidas dirigidas a "simplificar la intervención administrativa en la cadena de producción, distribución y exhibición cinematográficas".

Pero la Fapae volvió ayer mismo a pedir el aplazamiento al considerar que los últimos cambios se han hecho "con premura" y que la reforma no aborda "un cambio normativo de conjunto" ni permite a España "alinearse con los países de nuestro entorno". En esa misma línea, un grupo de 29 productores envió el pasado 18 de noviembre una carta al Instituto de Cinematografía (ICAA) con la misma petición de aplazamiento.

Pese a todo, la culminación de la reforma del cine llegará con la aprobación, antes de que acabe la legislatura, de dos órdenes ministeriales: una que detalle el método de reconocimiento de costes y otra con las bases reguladoras de las ayudas. El borrador de ésta última fue publicado por el ICAA a comienzos de noviembre para recibir alegaciones.

La idea es que el nuevo sistema de ayudas entre en vigor en enero de 2016, para producciones que se emprendan ese año, pero en cualquier caso habría un periodo transitorio de convivencia de los dos modelos.

El Gobierno del PP aprobó también hace un año una reforma fiscal, que no contentó del todo a los productores. Así, se elevó el porcentaje de desgravación del 18 % al 20 %, aunque sólo para el primer millón de euros invertido y con un límite de tres millones. Y se introdujo, por primera vez, un tipo específico de desgravación para atraer rodajes extranjeros, del 15 %, con un techo de 2,5 millones de euros.