El Gobierno prepara una reforma legal para reforzar y dotar de más agilidad a la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que puede interrumpir el servicio de páginas de internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual y que hoy cumple su primer año de funcionamiento. Así lo indicaba ayer la presidenta de esta Comisión y directora general de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu, en un encuentro con medios de comunicación donde explicó que, desde el 1 de marzo de 2012, se han presentado y tramitado ante este órgano administrativo 363 solicitudes de autores que denunciaron la utilización de sus obras en internet sin su permiso.

De las 115 demandas que prosperaron, en treinta se ha iniciado ya el procedimiento, otras cuatro han sido archivadas por haberse retirado el contenido ilegal y las ochenta y una restantes se encuentran en fase de investigación. En los treinta expedientes en los que se ha acordado iniciar el procedimiento, ha habido una retirada voluntaria de contenidos ilegales en diecinueve casos y sólo en cuatro ha habido una resolución de la Comisión ordenando la retirada, que ha sido posteriormente acatada por la web responsable.

Además, ha habido quince webs de enlaces que han cesado su actividad tras haber recibido una comunicación de la Comisión o han retirado los contenidos ilegales total o parcialmente.

En un balance del funcionamiento de esta comisión en su primer aniversario, Lizaranzu ha asegurado que "por un lado" se sentía satisfecha con el trabajo desarrollado, pero que creía que se podía ser más eficiente con las modificaciones legales que tienen previsto sacar adelante; entre ellas, la creación de un tablón electrónico para colgar las notificaciones a las páginas web demandadas que están domiciliadas en España.