Provincia de Cádiz

Los vocales andaluces del CGPJ se despiden de la Audiencia

  • Esperan que la vacante dejada por Orellana se cubra antes de que el órgano se renueve

Los tres vocales territoriales para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Miguel Carmona, Pío Aguirre y Manuel Torres Vela realizaron ayer una visita institucional a la Audiencia Provincial de Cádiz, la última probablemente antes de que se produzca la renovación del órgano, un proceso que comienza ahora y que concluirá el próximo otoño. Durante la jornada, los vocales tuvieron la oportunidad de reunirse con los decanos de los Colegios Profesionales de Graduados Sociales y Procuradores, José Blas y José Eduardo Sánchez, el presidente de la Audiencia Manuel María Estrella que los acompañó en todo momento y los propios magistrados de la Audiencia, que les pusieron al día de la situación en los órganos judiciales de Cádiz.

La conclusión a la que llegan los miembros del CGPJ es que la situación de Cádiz no dista mucho de la que se encuentran en otras provincias, recogiendo "las mismas carencias" por el 'efecto crisis', como denominan a los informes que el órgano viene publicando acerca de los problemas que se están acentuando en la actual coyuntura, que "ha provocado el aumento de los asuntos de orden social y mercantil y agravados con actuales reformas procesales", según Miguel Carmona. Añade que "hace dos años que no se crea ningún órgano nuevo y que existe una falta de adaptación de las dotaciones a las demandas". Defiende, además, que el Consejo ha intentado satisfacer las demandas creando comisiones de servicios donde han podido, pero que no disponen de las dotaciones presupuestarias necesarias.

Manuel Torres Vela apunta a la paralización del proyecto de la Ciudad de la Justicia, como ocurre en otras capitales de provincia, como una de las reivindicaciones principales de los órganos judiciales gaditanos, así como la dispersión de sedes judiciales. "Nosotros trasladaremos esa insatisfacción a quien tiene la competencia para solucionar el problema que es la Junta de Andalucía", reconoce que "hay deficiencias en materia de sedes" y destacan el caso de las precarias infraestructuras judiciales de La Línea. Torres Vela argumenta que los recortes de las administraciones se están notando especialmente en la justicia, recordando el tiempo que lleva sin incorporarse nuevas plazas de jueces.

Como respuesta a la resolución de la plaza vacante que Nuria Orellana deja en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Miguel Carmona manifiesta que "ella pidió el traslado de Juzgado, está en todo su derecho a hacerlo y se incorpora a la Audiencia de Málaga. Los concursos de traslados se convocan cada dos o tres meses más otro mes en resolverse, por lo que hay expectativas de que sí sea el actual Consejo". Esta misma perspectiva confirma Pío Aguirre, que cree "que sí quedará resuelto" antes de la renovación de los actuales vocales del CGPJ. Dicha renovación se ve directamente afectada por la reforma del órgano propugnada por el Ministerio de Justicia y con la que fueron muy críticos.

Los tres vocales, a pesar de pertenecer a asociaciones de jueces diferentes, coinciden en que el Consejo General del Poder Judicial queda debilitado tras la reforma. "Se ha cercenado el gobierno autónomo del Poder Judicial", según manifiesta con rotundidad Miguel Carmona, que reconoce que le produce "tristeza". "Es una reforma que ha sido criticada por todos los operadores jurídicos", asegura Manuel Torres Vela, que añade "que solo es apoyada por el partido político que tiene mayoría en las Cortes y que incluso la oposición ha anunciado, como ya dijimos nosotros, que algunos aspectos de la ley pueden ser inconstitucionales".

Los tres vocales presentes ayer en Cádiz reconocieron estar entre los 18 vocales de 21 que aprobaron un informe desde el CGPJ muy crítico con el anteproyecto de la reforma que se ha plasmado posteriormente en la ley. Pío Aguirre cree que "no es normal y que es mucho más peligrosa" la reforma del Consejo que otras previas en materia judicial como la de las tasas. Para Torres Vela la "merma de competencias es tan importante que pueden perturbar su funcionamiento como garante de la independencia judicial".

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