Rafael Payá Aguirre, fiscal delegado de Delitos Informáticos en la Fiscalía Provincial de Cádiz, fue el protagonista de otra de las ponencias de las jornadas. En una mesa moderada por Josefa González Frontado, jefa del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Cádiz, los protagonistas fueron los delitos tecnológicos en la violencia de género, el sexting, el ciberacoso o el grooming.

"En un mundo tan cambiante -dijo-, nos encontramos con muchas dificultades en las investigaciones. Por eso desde el primer momento hay que guardar las evidencias, los whatsapp, por ejemplo". "En una situación de acoso, hay que intentar recoger todo el material probatorio para luego presentar la denuncia", aconsejó.

Y ofreció datos preocupantes. "El 70% de los menores reconoce chatear con desconocidos, y un 20% afirma acordar citas con esos desconocidos".

Advirtió que observan casos en los que adultos de 45 años se hacen pasar por niñas de 13 para trabar amistad con un chico de 12. "Cuando esto ocurre existe un gran riesgo de agresión sexual, porque qué hace un hombre de esa edad queriendo quedar con un chico de 12 años. Incluso le hacen regalos como móviles para ganarse su confianza y poder tener más acceso a ellos".

Advirtió que aún se le ve a los delincuentes informáticos con cierto romanticismo, como Anonymous, pero que son muy peligrosos.

Habló también de que incluso los grupos terroristas, yihadistas o grupos neonazis intentan captar nuevos adeptos a través de las redes sociales. "Hemos tenido casos en Algeciras donde se han detectado amenazas de riesgo de contaminación de los depósitos municipales de agua", por ejemplo. "Y en una ocasión la OTAN tuvo que actuar en Estonia por un ataque informático".

Aclaró que un delito de coacción puede ser algo tan sencillo como "obligar a alguien a hacer lo que no quiere o impedirle hacer lo que quiere. Eso es acoso. Sin tener mucho nivel en el manejo de internet también se puede hacer mucho daño".

Rafael Payá reconoció que hay personas que utilizan un keylogger en el ordenador de su víctima con el que consiguen tener un control total sobre su vida (correo, cuentas bancarias, redes sociales...).

Y luego está el sexting o el grooming, un delito que consiste en contactar con menores de 13 años a través de las nuevas tecnologías con el objetivo de conseguir material pornográfico y que pueden acabar en agresiones sexuales. Pero para que sea considerado delito el agresor tiene que intentar quedar con el menor. "Sólo en mi juzgado de Jerez he tenido tres casos en los últimos tiempos", dijo. Estos delitos están penados con de 1 a 3 años de cárcel y la creación de material pornográfico con de 1 a 5 años. "Pero hay que aplicar las penas", comentó Rafael, "porque estas personas son depredadores sexuales que actúan con varios niños a la vez". Por último recomendó el alejamiento electrónico. "Que se prohiba a este tipo de delincuentes usar internet, igual que se hace cuando hay una orden de alejamiento por maltrato".