Fernando Jiménez Fornell y Milagros Trigo están suspendidos de empleo y sueldo desde la mañana de ayer, una sanción que se mantendrá mientras estén detenidos. Pero en el caso de que en próximos días queden en libertad, ya sea con cargos o no, podrían reincorporarse a sus puestos de trabajo. Sin embargo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento portuense no está por la labor de que continúen ejerciendo su labor, al menos mientras dure la investigación judicial. Por ello, su idea es la de prorrogar durante un tiempo esta medida disciplinaria adoptada ayer pero necesita justificarla legalmente para evitar problemas en un futuro. Y ahí es donde la decisión política ha chocado con la argumentación de los técnicos municipales, según explican las fuentes consultadas por este periódico.

Tanto el secretario municipal como la jefa de servicio del Área de Personal sostienen que para justificar la decisión de apartar de su puesto de trabajo a los funcionarios detenidos se debe contar con un informe del Juzgado donde se detalle las diligencias en las que ambos aparecen como imputados así como de los delitos que se le atribuyen. Pero se da la circunstancia de que el Ayuntamiento, a día de hoy, no tiene constancia oficial de los procesos abiertos contra ambos técnicos.

No obstante, la decisión de adoptar medidas disciplinarias no se tomó el pasado miércoles, jornada en la que se produjeron las detenciones, sino que ya se barajó hace un año. En febrero de 2010 trascendía la llamada Operación Tequila, en la que resultaban imputados Jiménez Fornell y Trigo Pacheco por la concesión de licencias a viviendas ilegales. Un par de semanas después se conocía la Operación Juncal, con ambos también como protagonistas, junto a otros. Y a esto se le sumaba los casos de Obra Nueva que desde 2008 había denunciado el Área de Urbanismo ante la Fiscalía. De este modo, el alcalde, Enrique Moresco, y la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, anunciaban entonces que se iba a estudiar la adopción de medidas disciplinarias contra los empleados municipales implicados. Sin embargo, según lo que ha podido saber este rotativo, la decisión se encontró con las reticencias de la parte técnica, que ya advertía que el Consistorio únicamente sabía de los cargos que se le imputan a ambos por lo publicado por los medios de comunicación, de ahí que mostraran sus dudas sobre la consistencia legal que podría tener la decisión.

Ante esto, el Gobierno local remitió el pasado 2 de junio un escrito al juez decano de El Puerto, que es precisamente Miguel Ángel López Marchena, solicitando información sobre las diligencias abiertas contra Fernando Jiménez y Milagros Trigo. Al no obtener respuesta, se reiteró la petición en septiembre pero que tampoco fue contestada. Por ello, los dos funcionarios continuaron en su puesto de trabajo hasta el pasado miércoles cuando fueron detenidos. No obstante, en la mañana de ayer se ordenó su suspensión de empleo y sueldo mientras no fueran puestos en libertad y se volvió a plantear la posibilidad de alargar la sanción mientras no se resuelvan las diligencias. Pero se volvía a caer en el mismo inconveniente, la falta de notificación oficial.

Ante esto, la concejala de Personal, Leocadia Benavente, acudió a las tres de la tarde de ayer al Juzgado para entregar la solicitud de información al juez. El magistrado, que en ese momento estaba tomando declaración a Isabel Ruiz (otra de las detenidas), no pudo atenderle pero, posteriormente, telefoneó a la edil. Benavente explicó a este periódico que López Marchena le aseguró que no tenía constancia de las peticiones realizadas por el Ayuntamiento y se comprometió a remitirle en la mañana de hoy un listado con las diligencias en las que ambos están imputados. Una vez que se reciba, el Gobierno local deberá tomar la decisión de prorrogar o no la suspensión de empleo y sueldo de manera cautelar contra Jiménez Fornell y Milagros Trigo .