Provincia de Cádiz

El ex alcalde socialista de Chipiona, imputado por presunta prevaricación

  • Manuel García, dos de sus concejales y dos arquitectos municipales declararon ayer ante la Guardia Civil en Cádiz acusados de dos delitos por la obra del Mercado provisional de Abastos

El último alcalde socialista de Chipiona, Manuel García, declaró ayer en calidad de imputado en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz acusado de sendos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio vinculados a las licencias municipales otorgadas para la construcción del Mercado provisional de Abastos en esta localidad. Los agentes también tomaron declaración ayer, igualmente en calidad de imputados, al ex delegado municipal de Obras y Urbanismo y actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona, José Antonio Sotomayor; al ex delegado municipal de Obras Municipales y hoy ex concejal del PSOE José Moreno Duque; al ex arquitecto municipal Javier de la Cuadra (ya jubilado) y a un arquitecto técnico del Consistorio chipionero, Ramón Ageo.

Las diligencias llevadas a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se han realizado a instancias del Juzgado mixto número dos de Sanlúcar, que investiga una denuncia cuya autoría no ha sido desvelada y que alertaba de posibles irregularidades en el procedimiento seguido en el mandato corporativo 2007-2011 por el Ayuntamiento chipionero que posibilitó la construcción en el parque de las Vaqueras del Mercado provisional.

En concreto la investigación intenta esclarecer por qué el Ayuntamiento le dio carácter permanente -como corrobora la durabilidad de los materiales usados en su construcción- a un edificio que inicialmente fue concebido y proyectado como una simple carpa provisional, que además fue levantado en una zona verde y que en teoría fue ideado para que los detallistas de la Plaza de Abastos pudieran seguir con su actividad mientras se remodelaba el Mercado antiguo.

En la actualidad este edificio no ha sido aún terminado debido a su alto coste y porque, además, arrastró muchas problemas con la empresa constructora, que no cobró el dinero invertido en la primera fase (1,2 millones de euros) hasta que a mediados de 2011 se produjo el relevo en la Alcaldía, con la llegada al puesto de máxima responsabilidad municipal de Antonio Peña (PP).

Lo que sí ha originado esta obra del Mercado provisional de Abastos es una larga polémica entre el PSOE y el PP. En concreto, hace ahora un año el portavoz del gobierno municipal, Agustín Lorenzo (PP), ya adelantaba que el referido Juzgado de Sanlúcar estaba investigando estas licencias de obras al haberse levantado esta edificación en una zona verde, según el planeamiento municipal vigente en ese momento, aunque a posteriori se realizó una modificación puntual en el PGOU que incluyó una permuta de suelo. Además, desde el PP se adelantaba un año antes, en septiembre de 2011, la probabilidad de que la investigación culminara con una orden judicial de demolición de ese Mercado provisional.

En las últimas fechas, según ha podido conocer este periódico, la Guardia Civil ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Chipiona como a los cinco imputados toda la documentación relacionada con esta actuación urbanística, incluidas las actas plenarias que posibilitaron el inicio de las obras.

Manuel García, que fue alcalde de Chipiona entre 2004 y 2011, abandonó su acta de concejal hace ahora dos años, al poco tiempo de ser desbancado de la Alcaldía. En los últimos días su nombre sonaba incluso para ocupar algún cargo en la Junta de Andalucía.

En declaraciones a este periódico el ex regidor chipionero se mostró ayer satisfecho con su declaración ante la Policía Judicial, indicó que había aportado toda la documentación municipal y autonómica que le había sido requerida y mostró su esperanza de que el caso sea sobreseído por la autoridad judicial en cuestión de pocos días. Manuel García, que acudió a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz acompañado por su abogado, negó que hubiera sido llamado a declarar en calidad de imputado, aunque como tal le fueron leídos sus derechos de acuerdo con el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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