El proyecto de apertura de una acería de la Compañía Española de Laminación, Celsa, junto al Poblado de Doña Blanca ha generado un clima de opinión agridulce. Dulce porque supone la llegada de una industria nueva y con alto impacto laboral para la Bahía, pero agrio por el temor al riesgo medioambiental que puede entrañar este tipo de actividad pesada.

Desde la Junta, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, valoró la relevancia de "todo lo que suponga inversión para generar empleo y actividad económica". Reconoció que hay una serie de actuaciones en marcha que suponen "inversiones muy importantes" y que, por lo tanto, "aconsejan prudencia y discreción". Por ello, y atendiendo al "grado de madurez" del proyecto, se mostró "prudente" en su valoración sobre la implantación de Celsa en la Bahía.

Este diario adelantó ayer los planes de la que es la primera compañía siderúrgica catalana y una de las más importantes de España y Europa. La propuesta está sobre la mesa de la Agencia IDEA y de Zona Franca, asociadas en esta iniciativa en torno al Plan Bahía Competitiva, y consiste en la apertura de una planta de alta tecnología de transformación de chatarra en acero. La propuesta inicial contempla una superficie de 550 hectáreas y un potencial de creación de 3.000 empleos.

La reacción de los sindicatos ante el anuncio fue de sorpresa, como ya ocurriera cuando el delegado del Gobierno, José Antonio Gómez Periñán, comunicó hace un mes la creación de un polígono de 800 hectáreas que, según trascendió posteriormente, estará en Doña Blanca e irá ligado a actividades industriales de medio y gran calado como ésta de Celsa.

El secretario provincial de Comisiones Obreras, Manolo Ruiz, argumentó que, a priori, nuevas industrias "siempre son bien recibidas", pero demandó más información sobre el proyecto siderúrgico, como el empleo o el impacto visual y ambiental, porque "no se va a aceptar a costa de todo". "Quien venga pensando que todo vale o que está hecho por el momento de debilidad económica y de alto paro que atravesamos, está muy equivocado", sentenció Ruiz, que aseguró desconocer la negociación que mantiene la Junta con Celsa desde hace meses.

En cambio, su homólogo en UGT, Pedro Custodio González, sí apuntó que las primeras referencias del proyecto apuntan a que viene avalado por la última tecnología y sistemas anticontaminación, por lo que concluyó que, considerando que se trata de una industria que generará empleo, "es una buena solución para que la provincia y la Bahía vayan saliendo de la situación actual".

La misma postura adoptó el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, quien afirmó no tener conocimiento "oficial" de la propuesta de Celsa, pero adelantó su respaldo a inversiones de este tipo: "Apoyaremos todo lo que sea bueno para El Puerto y este proyecto, en concreto, lo parece". Moresco remarcó que el Consistorio popular secundará iniciativas empresariales que supongan creación de empleo "sea cual sea su nombre y vengan de donde vengan".

Opinión contraria, en cambio, tiene el parlamentario de IU, Ignacio García, para quien el anuncio suscita "incertidumbre" y espera, por ello, que "no se trate de un globo sonda más de la Junta a los que tienen acostumbrados tras el cierre de Delphi", pero, sobre todo, hizo hincapié en que "Doña Blanca no es el lugar más idóneo para una empresa de este tipo, contaminante y con un fuerte impacto visual". Para García, la riqueza arqueológica del poblado no aconseja una industria de estas características, para la que invita a buscar un emplazamiento alternativo en El Puerto, ya que "sería como levantar una fábrica junto a Atapuerca o Altamira y convertir a Doña Blanca en un Puente Mayorga".