Provincia de Cádiz

El auto señala al detenido como único responsable de la caja

  • La jueza ordenó su ingreso en prisión tras hallar indicios de que Clemente Ruiz preparaba su huida con la colaboración de un marroquí con el que mantenía una estrecha relación de amistad

Tres son los motivos recogidos en los razonamientos jurídicos del auto del juzgado de instrucción número dos de San Fernando que justifican la entrada en prisión el miércoles de Clemente Ruiz, funcionario de la Delegación de Hacienda imputado por el desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal. Los tres pretenden además respaldar los delitos que se le atribuyeron para justificar su detención: malversación de caudales públicos y falsedad documental de documento público y mercantil. El primero de ellos, el riesgo de fuga por su vinculación con ciudadanos marroquíes; el segundo, las amplias posibilidades de que, efectivamente, Clemente Ruiz fuera el único responsable de la desaparición del dinero, y el tercero intenta explicar el alto nivel de vida del trabajador.

De esta manera, en el análisis del primero de los puntos, cabe destacar que el documento profundiza en el hecho de la fuga en cuestión, por una relación existente con una familia marroquí: "Persiste el riesgo de fuga por la relación mantenida por parte del imputado con la familia de Mohamed Ali Buselhan y su posible ocultación en Marruecos, reseñando que Clemente ha asumido el nombre de Ahmed y su mujer, Rabea". En el párrafo siguiente, además, señala una relación económica del detenido con este ciudadano marroquí, en concreto la existencia de una deuda económica del primero respecto al segundo que había sido sufragada en fracciones de 2.500 euros entre los meses de enero, febrero y marzo de 2009. Además, según ha podido saber este periódico, a ambos les unía una vinculación de estrecha amistad de hace al menos un par de años atrás, como consecuencia de la cercanía de sus domicilios.

El segundo argumento señalado por el auto apunta a Clemente Ruiz "como único responsable de la confección de la hoja de caja, siendo éste el autor de las mismas y único usuario a los efectos de acceso a las plantillas confeccionadas", es decir, el único que controlaba la entrada y salida de dinero, así como su introducción en el programa informático de registro. En este sentido apunta que el detenido tenía acceso a ciertos pagos de plusvalías como las multas de tráfico, la tasa de alcantarillado o el impuesto de vehículos. Además, también se recoge en este punto la extensión de cheques por un valor superior al necesitado. En concreto se refiere a ocho talones entre el 4 de mayo y el 8 de junio de 2007 por un valor de 138.000 euros, cuando la suma requerida es de 35.075 euros. Y más recientemente, entre el 2 de febrero y el 27 de febrero de 2009, otros cinco talones por valor de cien mil euros en conjunto cuando la cantidad demandada era de 31.794 euros. El referido auto matiza, como conclusión de este punto, que en las hojas de caja se comprueba la existencia de continuos desajustes respecto a la cantidad que quedaba en caja el día anterior, "consignando sumas inferiores a la reales, de tal manera que en total se suma la cantidad malversada y denunciada en la Caja Municipal". Es decir, que había dinero que ingresaba que no se reflejaba en esas hojas de caja. A este respecto cabe apuntar que la cantidad denunciada inicialmente asciende a los 480.000 euros y no a los 7,8 millones denunciados, de tal manera que no queda claro en el escrito la cantidad referida.

El último punto en el que se detiene el auto para justificar el ingreso en prisión es la ostensible diferencia entre lo que Ruiz cobraba y los pagos que debía realizar. En este sentido, el documento es muy claro. El ingreso exclusivo suyo como funcionario asciende a 1.700 euros mensuales "sin más ingresos ni propiedades". Mientras que los pagos que debe afrontar son muy superiores. Mensualmente, se refiere el texto, corresponden a 1.091 euros de un vehículo Mercedes valorado en 70.286 euros, 524 euros del local comercial de la inmobiliaria Nora, 1.189 euros de un local comercial de la calle León Herrero, 630 euros de un alquiler de la carretera de Camposoto, 576 euros de un préstamo a Caja Sur, junto con la entrega de 1.000 euros para la adquisición de una vivienda. A esto hay que sumar, además los 7.500 euros devueltos al marroquí en tres mensualidades anteriormente referidos.

De este modo, y basándose fundamentalmente en estas tres líneas, la jueza instructora del caso valora que la conducta de Ruiz presenta una gravedad extrema "que reviste un gran peligro para el bien jurídico afectado", señalando en este sentido que el riesgo de fuga es manifiesto, por lo que concluye que es necesario adoptar como medida cautelar la prisión provisional comunicada, de la que se hizo efecto ya en la tarde del miércoles, y sobre la que no hay un plazo límite, a pesar de que todavía no se haya abierto el secreto de sumario, a pesar de la insistencia de los dos abogados, del detenido y la imputada. Precisamente el letrado de él, Ignacio Quintana, denunciaba ayer "la inconsistencia" en los motivos de la detención de su cliente y anunciaba su voluntad de recurrir cuanto antes el mismo.

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