Varias decenas de personas vienen concentrándose desde hace días a las puertas del Ayuntamiento de Benaocaz. Se trata de trabajadores y contratistas de distintas empresas del sector de la construcción afectadas por la paralización de sus obras durante los últimos meses. Desde el equipo de Gobierno remiten a los procesos administrativo y judicial abiertos, e instan a los promotores a presentar las alegaciones que crean oportunas.

Según los manifestantes, desde el Consistorio no se les aclara los motivos por los cuales han ordenado detener los proyectos. "Todas las obras tienen sus permisos concedidos y aprobados, y tampoco nos dan ninguna explicación", aseguraba ayer uno de ellos. "A mi empresa le han parado cuatro obras en Benaocaz, sólo pedimos que revisen nuestros expedientes, porque somos 40 padres de familia que tenemos que comer", añadió.

Bajo vigilancia de efectivos de la Guardia Civil, los concentrados en la Plaza del Ayuntamiento mostraban pancartas con lemas como No somos murguistas, sino trabajadores, o No queremos política sino trabajar.

Los manifestantes dicen sentirse en medio de un cruce de "intereses políticos" entre el Gobierno local conformado por PP y PA, y la Diputación. "El Consistorio dice que sabía que esto iba a ocurrir desde hace ocho meses y que el SAM no les da una solución", explican, anunciando que seguirán con las protestas hasta que cuenten con una respuesta a sus reivindicaciones.

Desde el Ayuntamiento, el delegado de Obras, José Luis Rodríguez, rechaza estas acusaciones señalando que "nos hemos reunido con los promotores de las 9 obras afectadas y se les ha entregado copias de sus expedientes". Según subraya "al llegar al gobierno nos hemos encontrado con licencias concedidas al margen de la ley".

Las obras paralizadas corresponden a nueve proyectos por los que el actual gobierno ha denunciado al anterior alcalde socialista José Rafael Reyes por presuntas irregularidades, entre las que se encontrarían un mayor volumen de obras y más altura de los edificios de lo que recoge la normativa urbanística, y que afectan en total a unas 90 viviendas. Rodríguez reconoce que "habrá que dar una solución a esas 90 viviendas casi finalizadas en muchos casos", y apunta que los próximos pasos deben darlos los promotores presentando las oportunas alegaciones en sus correspondientes plazos.