El año 2018 puede arrancar con serios problemas financieros para el Ayuntamiento de Puerto Real. A la ya sabida complicada situación económica del municipio, se le suma que el Ayuntamiento puertorrealeño tiene retenida la PIE (Participaciones en lo Ingresos del Estado) desde el pasado mes de julio. Son alrededor de 730.000 euros mensuales que el municipio no está recibiendo como consecuencia de no haber presentado la Cuenta General del Ayuntamiento.

Hasta el momento, los casi cuatro millones de euros que el Ayuntamiento de la Villa no ha ingresado en las arcas no han comprometido las obligaciones de pago referente a las nóminas de los trabajadores o la Seguridad Social, pero la situación no se podrá sostener por mucho tiempo más.

"Diciembre y la paga extra están asegurados, pero a partir de enero habrá dificultades"

Según el propio alcalde puertorrealeño, Antonio Romero, la previsión de "la Tesorería Municipal es poder hacer frente a la nómina del mes de diciembre, incluida la paga extra, pero no hay esa seguridad para las de enero", afirmaron preocupación.

El problema de todo radica en las empresas públicas municipales. En la cuenta general del Ayuntamiento se deben incluir también las cuentas del Grupo Energético (GEN), la empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) y de IpReal, la extinta empresa de servicios informáticos que se encuentra en proceso de disolución. "En el Grupo GEN no hubo problemas y las de la EPSUVI se aprobaron con toda la oposición en contra, pero en IpReal sí estamos teniendo problemas", afirma el alcalde.

La empresa municipal de informática se cerró pero no se liquidó en 2010, y desde entonces no se han presentado sus cuentas. Hace unas semanas, el Ayuntamiento nombró un nuevo liquidador después de que el que se nombró en la anterior legislatura presentase su dimisión y no se reemplazase.

El Gobierno Local tiene de plazo hasta el próximo 12 de diciembre para presentar las cuentas y es tan poco probable que sea posible que ya dan por hecho que no las van a tener listas para entonces. "Tendremos que pedir a la Cámara de Cuentas de Andalucía que nos amplíen en plazo, al menos, hasta el 31 de diciembre para poder presentarlas", anuncia Romero.

Además, la situación se podría agravar porque, según Romero, "a partir de esa fecha (12 de diciembre) también tenemos la amenaza de que se empezarán a imponer multas coercitivas".