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Provincia de Cádiz

Un proceso eterno diluye la trama jandeña de las facturas falsas

  • Fiscal y acusaciones rebajan considerablemente sus solicitudes de pena por dilaciones indebidas El juicio se celebró 16 años después de los hechos investigados

Aquellos, muchos, que arremeten con asiduidad contra el mundo de la Justicia por la lentitud de sus acciones encontraron ayer en Cádiz un argumento que les vendrá de perlas para no variar un ápice su postura. Y es que el juicio a una supuesta trama de compra-venta de facturas falsas que operó en la comarca de La Janda se celebró ayer 13 años después de que en 2003 se iniciara el procedimiento judicial, a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, y la friolera de 15 y 16 años después de que se produjeran los presuntos hechos delictivos que han quedado ya vistos para sentencia.

Ocho empresarios vinculados al sector de la construcción y procedentes de las provincias de Cádiz, Málaga y Granada se sentaron ayer en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital gaditana. Unos estaban acusados de vender facturas falsas y otros de comprarlas con el fin de deducirlas luego como gastos en sus declaraciones a Hacienda, obteniendo de esta manera devoluciones fiscales indebidas. El fraude se estimó en 2,7 millones de euros. En sus escritos de calificación elaborados hace ya dos años las diferentes acusaciones discrepaban sobre el grado de culpabilidad de los ocho acusados. Pero ayer coincidieron todos al rebajar considerablemente sus peticiones de pena debido a dilaciones indebidas que, incluso, fueron calificadas a lo largo de la vista de "extraordinarias".

Mucha culpa de ello, si no toda, recae en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que ha llevado la causa y por la que en este tiempo han pasado tres jueces distintos. Estaba claro de antemano que la extraordinaria lentitud de este procedimiento iba a provocar situaciones anómalas en el juicio. Y así fue. Porque, por ejemplo, el inspector de la Policía Nacional que llevó la investigación declaró como testigo cuando lleva ya unos años jubilado; la inspectora de la Agencia Tributaria que analizó las facturas hace ya más una década declaró por videoconferencia desde el que es su segundo o tercer destino después de que se marchara de Cádiz; hubo incluso testigos que aseguraron no recordar si llegaron a trabajar en la empresa de Medina Sidonia que emitía esas facturas ni tampoco quién les daba las nóminas; y, más extraño todavía, hasta en más de una ocasión se analizaron facturas expedidas en pesetas, porque el euro no había nacido aún.

Todo ello terminó calando y la atenuante de las dilaciones indebidas marcó las calificaciones definitivas de todas las partes. De esta manera, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular ejercida por la Abogacía General del Estado coincidieron al exculpar a tres de los ocho acusados: al representante de una empresa de Vejer a la que sólo se le atribuye una factura y cuyo supuesto delito ya habría prescrito, y a dos de los tres empresarios que fundaron la empresa Transportes y Canteras NST que emitió las facturas cuestionadas: José Alba Quiñones y Pedro González Cabaña, este último hermano de Francisco, actual diputado nacional y ex presidente de la Diputación, ex alcalde de Benalup y ex secretario provincial del PSOE. Pedro González Cabaña, no obstante, tendrá que esperar aún la sentencia ya que el único que ayer le terminó señalando fue la acusación popular que ejerce a título particular José Blas Fernández, ex senador y concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz.

Esta acusación popular, que centró todas sus intervenciones en intentar situar a Pedro González Cabaña en el centro de la trama, pide para éste un año de prisión. Esta solicitud de pena, mucha menor que la que venía reflejada en los escritos de calificación de hace dos años, terminó siendo muy parecida a la que tanto el fiscal como el abogado del Estado terminaron fijando para los cinco acusados restantes a los que sí ven culpables: cuatro empresarios más que se beneficiaron supuestamente de esas facturas falsas y el asidonense Gabriel Orellana, que fue el urdidor de toda la trama según las conclusiones a las que llegaron el Ministerio Fiscal y la acusación particular. A todos ellos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Orellana, no obstante, argumentó en su declaración que jamás firmó factura alguna, dejando entrever que todo fue una trampa que le tendieron sus ex socios.

Las respectivas defensas, por su parte, pidieron la absolución de sus clientes e intentaron reflejar por un lado que buena parte de los trabajos incluidos en esas facturas realmente sí se hicieron y, además, cuestionaron la legalidad del procedimiento ya que las facturas analizadas en el mismo no fueron nunca las originales sino solamente fotocopias compulsadas.

Ninguno de estos dos argumentos convencieron a las tres partes acusadoras, que se basaron sobre todo en los diferentes informes realizados por la Agencia Tributaria y por la Udyco de la Policía Nacional y que reflejaban que la empresa Transportes y Canteras NST no tuvo jamás los medios humanos, técnicos y materiales para acometer las obras reflejadas en la treintena de facturas que desde la acusación se estima que fueron ilegales.

Estas facturas fueron expedidas en 1999 y 2000, año este último en el que quedó sin actividad la referida empresa, la cual no presentó las correspondientes declaraciones de Impuestos de Sociedades y de IVA ni en el ejercicio del 2000, ni en el de 2001.

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