El juzgado de Instrucción número 5 de Jerez y la Fiscalía Anticorrupción han acordado el archivo, tanto penal como administrativo, de un caso en el que la Guardia Civil investigó a dos funcionarios por presuntos delitos de cohecho, extorsión, sobornos y falsificación documental.

En su momento, marzo de 2016, este medio tuvo acceso a la investigación de la Benemérita en la que se afirmaba que este educador habría falseado analíticas e informes de comportamiento a cambio de dinero, además de recibir un BMW como pago a un supuesto trato de favor por un conocido narcotraficante sanluqueño apodado El Cagalera; realizar sesiones de hipnosis e incluso posibles abusos a alguna interna. Pues bien, todas estas acusaciones han sido desmontadas por el juez, que, al igual que el fiscal, han dictado el sobreseimiento del caso, tanto penal como administrativamente. De hecho, tras años de tortura para demostrar su inocencia, el educador está ejerciendo su labor, que, según comentó a este medio “es mi pasión”, y espera que toda la polémica que suscitó el caso se torne ahora, si es posible, en una reparación de su buen nombre tras una carrera de 37 años.

Haciendo un poco de historia hay que recordar que la Guardia Civil inició su investigación después de que la pareja de un interno denunciara que una persona la abordó a las puertas de un juzgado para proponerle que este educador del CIS de Jerez podía ayudar a su pareja a lograr con mayor celeridad el tercer grado. Según figura en la investigación, la mujer llegó a mantener una conversación telefónica con el educador investigado, aunque posteriormente declaró que alguien se había hecho pasar por este, ya que al conocerlo se dio cuenta que no era su voz. Aunque el intermediario que le habló del funcionario aseguró que tenía grabaciones que demostraban esta acusación, la investigación acabó demostrando que estas llamadas no se habían realizado.

Se les ha eximido de responsabilidad tanto penal como administrativa

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este diario, una de las principales acusaciones que se le hacía a este educador era el de haber recibido como regalo de El Cagalera un BMW por los favores prestados. Fue el hijo del propio Cagalera quien realizó esta afirmación, aunque posteriormente acabó acogiéndose a su derecho a no declarar en sede judicial. Para el fiscal existen pruebas que acreditan que el educador y su mujer (que tienen una situación económica holgada), se habrían hecho con este vehículo de alta gama tras vender otro. Parte del precio del nuevo coche se había pagado con el dinero obtenido de la venta y el resto a través de un crédito con una entidad financiera. Es más, para el fiscal, este educador “no tuvo ninguna participación profesional en la clasificación inicial y posteriores revisiones de grado” del Cagalera ni de los dos internos que supuestamente participaron en la entrega del citado vehículo. Ambos negaron en sus declaraciones su participación en estos supuestos hechos, al igual que niegan el pago al educador “por la obtención de permisos o terceros grados”.

Otro asunto que despertaba sospechas entre los investigadores eran las llamadas que el educador del CIS habría realizado y recibido de los internos a los que supuestamente beneficiaba. El educador justificó en su declaración estas llamadas por su labor en un centro de régimen abierto donde los reclusos desarrollan actividades fuera del CIS. En el escrito del fiscal se recuerda que el régimen penitenciario contempla la necesidad de que el educador mantenga una relación algo más personal con los internos para ayudarles en las distintas tareas que hacen en su vida diaria. El propio educador comentó a este medio que siempre había intentando involucrarse para crear una buena relación con los internos, intentar comprenderlos lo mejor posible y ayudarlos, desde llevándolos en su coche al médico cuando tenían necesidad hasta aconsejarlos debido a su gran experiencia.

En la investigación, hay testigos que afirmaron haber sido víctimas de chantajes y extorsiones, aunque tanto el juez como el fiscal no han podido ver que esto fuera cierto. Algunos incluso aseguraron que ante la negativa de darle dinero al principal implicado o no ceder a supuestos favores sexuales, este les había perjudicado para empeorarles el grado o revocarles permisos de salida. No obstante, en los informes presentados por el CIS en el juzgado, figuran que estos internos habrían dado positivo en varias analíticas, lo que, por sí solo, había motivado que sus condiciones penitenciarias empeoraran. En los informes se asegura que todo se hizo de acuerdo al procedimiento penitenciario.

Además, los instructores del atestado señalaron como el educador investigado realizaría con las internas prácticas dudosas. Señalan que en la declaración ante la Guardia Civil una interna habría sufrido tocamientos durante las sesiones de hipnosis a las que el investigado las sometía en su despacho del CIS. Igualmente, en la mencionada declaración policial, la interna afirmó que el funcionario le consigue el tercer grado o la libertad condicional a quien le paga dinero suficiente. Sin embargo, ya en su declaración ante el juez la versión de la testigo cambió y negó que viera al educador recibir sobres con dinero, señala que los referidos tocamientos no tenían naturaleza sexual, sino que los describe más bien como un abrazo, y reconoce que la regresión al segundo grado se produce porque sufre dependencia de alcohol y consumió dicha sustancia.

Por todo esto, y ante la falta de indicios materiales de los delitos investigados, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado al sobreseimiento provisional de las actuaciones, por lo que el juez decretó el archivo de la causa.