Más de 27.200 personas residentes en la provincia de Cádiz tienen derecho a una o más de las prestaciones que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Desde su entrada en vigor hace tres años, el texto legislativo camina en la equiparación de los servicios sociales en beneficio de quienes no pueden valerse por sí mismos y de la mejora calidad de vida de quienes les cuidan con los derechos de todos a la sanidad y la educación públicas. 115.400 de estas personas viven en unas condiciones de gran dependencia y 11.800, de dependencia severa. 6.400 de ellas perciben más de una prestación. Entre los servicios que ofrece el sistema figuran la teleasistencia, el de ayuda a domicilio y las unidades de estancia diurna.

Manuela Guntiñas, delegada de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y Gabriel Almagro, delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, hicieron ayer balance de un año, el pasado, en el que las prestaciones concedidas más que se duplicaron respecto a 2008. Si a finales de aquel ejercicio eran 13.200 las personas beneficiarias, en 2009 se añadieron otras 13.300. Esto ha sido posible, según explicaron ambos, gracias a un incremento en Andalucía de 200 millones de euros a los 730 inicialmente previstos para dependencia en 2009. Para 2010 el presupuesto crece un 49%, de manera que suma 260 millones de euros, hasta llegar a los 791. Eso, en un contexto de reducción de los presupuestos andaluces. Si en 2009 la Junta destinó en toda la comunidad autónoma 2 millones de euros diarios a la atención de la dependencia, en la provincia de Cádiz empleó 280.000 euros al día.

El arranque de las medidas que impulsa la Ley de Dependencia también ha supuesto generación de empleo, según la delegada provincial de Igualdad, en dos campos: en la creación de nuevas estructuras en las administraciones para la gestión del sistema y en el relacionado con las prestaciones y servicios de atención a la dependencia, con especial incidencia en los servicios de promiximidad, entre ellos, la ayuda a domicilio.

Su puesta en marcha ha requerido, entre otras medidas, "un importante refuerzo de personal" -dijo Guntiñas-, que se ha traducido en la contratación de 1.500 profesionales en toda Andalucía, entre los que destacó los 536 dedicados a los Servicios Sociales Comunitarios y los 615 a valoración. En 2009 se destinaron casi 20 millones de euros a los contratos de los primeros, de manera que en 2010, la inversión acumulada desde la entrada en vigor de la ley es de casi 71 millones de euros. En la provincia de Cádiz, estos datos se reflejan en el terreno laboral en la contratación de 75 personas para los servicios de valoración y de otras 72 para los Servicios Sociales Comunitarios. Y en el económico, en la inversión en 2009 de más de 2,7 millones de euros y de 9,7 desde el arranque de la ley.

La formación es otro de los pilares del sistema de atención a las personas dependientes. No sólo va dirigida a ellas, sino también a sus cuidadores y cuidadoras, con el fin de mejorar su calidad de vida. De hecho, durante 2009 un programa de cursos itinerante, el Cuidabús, recorrió durante 28 días 21 municipios gaditanos, proporcionando conocimientos específicos a 1.677 personas. A esta inicativa hay que añadir la instrucción especializada previa que recibieron los trabajadores y trabajadoras de los equipos de valoración y de los Servicios Sociales Comunitarios. En Andalucía, el autobús visitó 156 municipios de las ocho provincias, atendiendo las necesidades de formación de 13.457 personas. El 90% de ellas son mujeres.

En total, en la comunidad autónoma se formó a 20.328 persones, entre profesionales y cuidadoras, gracias a una inversión de 1,4 millones de euros procedentes del Fondo Especial Estatal para el Estímulo de la Economía y el Empleo.