Provincia de Cádiz

La práctica totalidad de los acusados de la Halcón reconocen sus culpas

  • 14 de los 18 procesados se conforman con penas con las que eluden la prisión

Tan sólo 4 de los 19 acusados por la Operación Halcón continuarán hoy sentados en el banquillo en el juicio que comenzó ayer en Jerez, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz. Catorce de ellos alcanzaron conformidades con el fiscal y accedieron a ser condenados a penas de cárcel que en la mayor parte de los casos supondrán que no tengan que ingresar en un centro penitenciario. Entre las personas que aceptaron dichas conformidades se encuentran el jefe de la asociación ilícita que se dedicaba a emitir facturas falsas para evitar el pago del IVA, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, así como su pareja, Elisa Calvente.

Por ahora no se sabe exactamente cuántos meses de prisión podrían caer sobre ellos aunque se supone que tras ser condenados por falsedad en documento mercantil y fraude a la Hacienda Pública podría rondar los 30 meses de prisión. Cabe destacar que contra él pesaban cargos que podían encarcelarle durante 36 años. Carretero reconoció "en su integridad" los delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo.

Su pareja admitió también su participación en los hechos. La Fiscalía sostiene que era la encargada de emitir las facturas.

El hecho de que dichas penas provengan de la suma de varios delitos deja abierta la posibilidad de que la Audiencia pueda dejarles fuera de prisión.

Los hechos juzgados acaecieron entre 1999 y 2000; es decir, hace ya 16 años, lo que ha provocado que el propio representante del ministerio público calificara como muy cualificadas las dilaciones indebidas en las que se ha visto sumido el proceso, lo que provoca que las penas sean rebajadas en dos grados.

Carretero y Calvente llegaron andando al edificio de la Audiencia Provincial, en la avenida Álvaro Domecq, ya que Carlos Carretero, que fue condenado por la Operación Karlos en 2007, se encuentra en régimen de tercer grado.

La sala de la Sección Octava se vio repleta de público, ya que numerosos familiares de los 19 acusados, así como medios de comunicación y estudiantes de Derecho, llenaron la sala.

Tal y como se preveía, las cuestiones previas generaron un amplio debate. En el transcurso del mismo un abogado llegó a asegurar al tribunal que ejercer la defensa de oficio supone la indefensión del acusado, ya que el abogado en cuestión no puede dedicar tanto tiempo como quisiera a un caso de miles de folios "cuando son otros casos los que le dan de comer". Ni que decir tiene que la presidenta de la sala, la magistrada Lourdes Marín, le recordó que no era ni mucho menos el lugar para afrontar dicha petición ya que la resolución de dicho problema "no es potestad de la sala".

Por el contrario, el tribunal sí estimó que un acusado que se sentaba en el banquillo por estos hechos ya había sido juzgado y condenado, por lo que abandonó la sala con su abogado.

Desde su primera intervención, el fiscal ya anunció que habría conformidades, algo que al borde de las dos de la tarde se vio confirmado al reconocer el grueso de los acusados su participación en los hechos a excepción de los referidos cuatro.

Eso sí, el dinero defraudado ha provocado que desde la Fiscalía se pida a Carretero una multa de más de medio millón de euros mientras que el abogado del Estado elevó dicha cifra hasta más allá de los 600.000.

El resto de imputados reconoció su papel en la emisión de facturas falsas y la participación en una organización ilícita para defraudar a Hacienda. Alguno de ellos llegó a admitir que había firmado "facturas en blanco" a cambio de regalos de entre "200 a 500 euros".

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