Los trabajadores de la empresa Pascual acusaron ayer a la Junta de Andalucía de cambiar el modelo de concertación sanitaria imperante hasta la fecha para beneficiar así a empresas de su círculo más cercano.

Esta voz de alarma la ha dado el comité del Hospital Blanca Paloma de Huelva -gestionado por la empresa Pascual- tras la reunión que mantuvieron a finales de la semana pasada con la consejera de Salud de la Junta, María José Sánchez Rubio. En la misma, siempre según la versión de los representantes de los trabajadores de Pascual, la consejera anunció su intención de llevar a concurso las listas de espera de Huelva, un concurso al cual está previsto que acuda el hospital privado Costa de la Luz onubense. "Por fin los trabajadores podemos confirmar las verdaderas intenciones de la Junta, que no son otras que cambiar el modelo de concertación para con el nuevo primar a clínicas y centros que, como el de Huelva, están participados accionarialmente por profesionales del SAS y familiares de funcionarios del mismo con importantes responsabilidades, además de formar sus servicios principalmente con médicos y jefes de los hospitales públicos", denuncia abiertamente el comité del hospital de Pascual en Huelva.

Estos trabajadores, que recuerdan varias denuncias presentadas este mismo año por las centrales sindicales de UGT y CCOO consideran "incomprensible" que la Junta "quiera concertar con un centro hospitalario que no está homologado para ello y que, además, estaría incurriendo en la incompatibilidad de la mitad de su cuadro médico como personal estatutario del SAS para trabajar en dicho centro". Por ello, desde este comité se adelanta que presentarán una denuncia por prevaricación contra la Consejería de Salud de la Junta en el caso de que finalmente se cambie el actual modelo de concierto del hospital de Pascual en Huelva y se sacan a concurso las listas de espera en el que participaría el Hospital Costa de la Luz.

Estos pasos que está dando la Junta en Huelva se están siguiendo con evidente preocupación entre los trabajadores de los otros cuatro centros sanitarios que la empresa Pascual tiene en funcionamiento en la provincia de Cádiz (en la capital gaditana, El Puerto, Sanlúcar y Villamartín), donde igualmente el concierto sanitario ha sido prorrogado por un año de manera unilateral por la Junta de Andalucía que, además, ha aplicado una reducción de un 5% en el importe anual que abonaba a la empresa Pascual por la derivación de pacientes provenientes de la sanidad pública.