Miércoles pasado por la noche. Incendio en Puerto Real. Las condiciones meteorológicas no son las propicias para que se inicie un fuego. Ya ha anochecido, hace fresco, y no es pleno verano. Además cerca no hay nada eléctrico y sí hay algo de basura en la zona pero no como para provocar las llamas. El BIIF (Birgada de Investigación contra Incendios Forestales) sospecha que puede haber sido un incendio intencionado. Cuatro hectáreas de vegetación de marismas arden.

Como ese último incendio en Puerto Real se han producido muchos este año, concentrados sobre todo en el Campo de Gibraltar y concretamente San Roque, donde no bajan de 19 fuegos cada temporada, Tarifa o Algeciras. Entre los intencionados y los causados por negligencia rondaría el 60% del total de fuegos y por eso la Delegación Provincial de Medio Ambiente quiere aplicarse en reducir al mínimo este número. Para ellos pondrá en marcha desde Cádiz algunas medidas pioneras en Andalucía, según manifestó la propia delegada Silvia López. Será un esfuerzo máximo para dejar a los incendiarios sin mecha.

El director del Centro Operativo Provincial del Infoca, José Antonio González, cuenta estas iniciativas. Medio Ambiente va a incrementar el control sobre determinadas fincas de la zona que reiteradamente están sufriendo incendios, le va a pedir a la propiedad de esas fincas un plan de restauración ambiental de las mismas y van a solicitar lo que se denomina una nota marginal simple para que en esa propiedad esté registrada esa carga, que conste a la hora de querer venderlo o comprarlo. Además se tendrá especial atención sobre las peticiones que se hagan para el aprovechamiento de las mismas, sí se quiere hacer alguna cantera, si se va a relacionar con la actividad cinegética o si allí pasta ganado. ¿Por qué? Porque todo apunta a quela mayoría de los incendios intencionados están relacionados finalmente con esto y sobre todo quienes lo hacen lo ven como una manera rápida y económica de limpiar el monte. Eso sí, sin tener en cuenta las consecuencias, y poniendo en peligro vidas humanas. Nada de pirómanos, nada de mitos.

"Los pirómanos son una mínima parte, la mayoría de los incendiarios buscan su propio beneficio económico, o incluso venganzas o rencillas entre vecinos. Los fines urbanísticos son otra leyenda", comenta el responsable de la Brigada de Investigación en Cádiz, Joaquín Aniceto. Uno de los últimos incendios en Tarifa está incluso precedido de una amenaza. "Arréglenme el camino , o arde el monte", es lo que localizaron en una piedra los agentes del BIIF cuando fueron a inspeccionar un terreno una vez apagado el fuego. Mechas, cerillos, cigarros, métodos retardantes, pastillas de barbacoas, de todo se utiliza para intentar que arda el monte.

Desde Medio Ambiente reconocen la dificultad para que los incendiarios, que no los negligentes, finalmente paguen, pero no cesan en su tarea. "Estoy seguro de que finalmente los cogeremos y pagaran", dice el jefe del Centro Operativo del Infoca. Este verano la delegada provincial Silvia López se reunió con la Fiscalía de Cádiz, después de los incendios en San Roque, para una mejor colaboración, y para que el trabajo conjunto con el Seprona de la Guardia Civil pueda dar mejores resultados.

Pero sobre todo se insistirá en lo que consideran su asignatura pendiente: la prevención, la concienciación. "Nos hemos superado en la extinción, el nivel de profesionalización de los equipos es total, pero sigue quedando la prevención", asegura el director del COP. El argumento: que el número de fuegos no baja a la misma velocidad que lo hace el número de hectáreas quemadas, que sí se reducen año tras año. Y el otro argumento: la subida de este verano de la cifra de fuegos intencionados.

Sin duda la medida que más llamará la atención en este sentido será decirle a la gente cuánto cuesta apagar un incendio. Para eso, en colaboración con los ayuntamientos de la zonas más afectadas se enviarán cartas a los vecinos. "Estar sólo un día llega al medio millón de euros para la Junta, es decir, para sus bolsillos", dice López. El objetivo final es que la sociedad repudie ese comportamiento. "Necesitamos de la colaboración de los ciudadanos para tratar de cercar a los responsables de estos delitos, que sean condenados y que se les imputen los altos costes económicos que suponen extinguir un incendio. Ante cualquier pista o cualquier indicio les ruego que se pongan en contacto con la Consejería de Medio Ambiente", sentenció López.