Esta mañana ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por los contratos que realizó el Ayuntamiento de Jerez con empresas de la trama Gürtel para la Feria Internacional de Turismo de 2004.

En esta primera sesión, donde se han abordado las cuestiones previas, las acusaciones del caso, ejercidas por el PSOE valenciano y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), han solicitado que se suspenda la vista oral para que también sea juzgada la diputada del PP y ex alcaldesa María José García-Pelayo, una petición a la que también se han adherido algunas de las defensas. 

El Tribunal Supremo, en 2016, archivó la causa contra la ex regidora al entender que, a pesar de las flagrantes irregularidades en las contrataciones con estas empresas, no había constancia de su implicación en todo el procedimiento. En cambio, la Audiencia Nacional ordenó la celebración del juicio que hoy ha comenzado donde están acusados los cabecillas de las empresas contratadas (Francisco Correa y Pablo Crespo), así como dos empleados de estas firmas y cinco técnicos y ex técnicos municipales. 

Esta primera jornada ha estado marcada, entre otras cuestiones, por la petición de las acusaciones basándose en lo ocurrido a principios de abril con una de las acusadas, concretamente una de las administradoras de las firmas contratadas. Esta presentó a Fiscalía un escrito donde aseguraba aportar pruebas de la presunta implicación y conocimiento de la ex regidora en el proceso de contratación fraudulento de estas compañías. Tras ello, el Ministerio Fiscal solicitó a la Audiencia Nacional la reapertura de la causa contra García-Pelayo, aunque este tribunal lo rechazó. 

Tras esto, las acusaciones han reclamado la suspensión del juicio mientras no se resuelva la situación de María José García-Pelayo puesto que la Fiscalía ha recurrido la decisión del instructor de la Audiencia Nacional de no reabrir la causa contra la diputada. Los abogados de estas acusaciones entienden que el escrito presentado por una de las acusadas ha aportado "indicios" de que la entonces regidora sabía de las supuestas adjudicaciones irregulares.

Riesgo de "sentencias contradictorias"

Una de las letradas apuntó que los nueve acusados serán juzgados en un momento diferente al que podría serlo la ex regidora jerezano, de aquí que podría haber "sentencias contradictorias". Acto seguido, anunció que se ha presentado ante el Tribunal Supremo otro escrito insistiendo en la reapertura de la causa contra García Pelayo y para pedir que sea juzgada conjuntamente con el resto de acusados en esta causa. Actualmente la ex regidora tiene la condición de aforada tras haber sido reelegida diputada en el Congreso en las elecciones generales del pasado mes de abril. 

Por su parte las fiscales anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell han pedido que la diputada sea citada a declarar como testigo en este juicio aunque se fije una fecha lo más tardía posible para que pueda dar tiempo a que se aclare su situación procesal en relación con este procedimiento.

Las defensas de Pablo Crespo y de la empleada de la firma de Correa se han sumado a la petición de suspensión del juicio al estimar que María José García-Pelayo debe comparecer para acreditar entre otras cuestiones que si es verdad o no, como asegura esta, que la ahora diputada y entonces alcaldesa de Jerez se reunió con Crespo, lo que "es falso" según el abogado de este, Miguel Durán.

También se ha manifestado en esta línea la defensa de una de las técnicas acusadas quien afirmó en su turno que "habría que ver donde se juzga a la señora Garcia Pelayo para ver si tenemos que ir todos allí", en referencia al Tribunal Supremo.

Petición de comparecencia del ex comisario Villarejo

El letrado Miguel Durán también ha pedido que declare en el juicio como testigo el ex comisario José Manuel Villarejo, que actualmente se encuentra en prisión provisional por otras causas. No son las únicas peticiones ya que también han reclamado que comparezcan, también en calidad de testigos, el ex comisario principal de la Policía Nacional Juan Antonio González García, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de este cuerpo en la época de los hechos, José Luis Olivera, y el comisario Gabriel Fuentes.

Las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez con la trama Gürtel

Este juicio analiza tres lotes de contratos realizados por el Ayuntamiento de Jerez en 2004 con dos empresas de Francisco Correa por parte del desaparecido Instituto de la Promoción de la Ciudad (IPDC), un órgano que estaba vinculado al Consistorio, para la organización de la promoción y actos de Jerez la edición de Fitur de 2004 —por entonces gobernaba María José García-Pelayo (PP)—. El importe de las adjudicaciones rondó los 355.000 euros.

Aquella edición se recordará porque Jerez no ya porque tuviera un portentoso estand propio en la cita turística sino por haberse celebrado un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y un recital flamenco en el parque de El Retiro.

Esta causa está siendo enjuiciada por la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada María José Rodríguez Duplá.