Provincia de Cádiz

El parque Aletas es viable con un nuevo orden de usos y una reserva de 60 años

  • La presidenta del Consorcio resta importancia al retraso del polígono, valora la celeridad del Supremo y dice que "aunque parezca que no se ha hecho nada, el trabajo de los últimos tres años es aprovechable"

"El dictamen de la Abogacía General del Estado confirma la viabilidad jurídica del desarrollo del Parque Aletas". Claro y esperanzador. Con este mensaje, la presidenta del Consorcio Aletas abrió ayer la rueda de prensa más concurrida y trascendental desde el nacimiento del proyecto. La presidenta de esta entidad y subsecretaria de Estado de Hacienda, Juana Lázaro, anunció la continuidad del desarrollo del parque empresarial y la intención de ambas administraciones, central y autonómica, de que sea "una realidad pronta y tangible para toda la Bahía de Cádiz, para lo que tendremos que tendremos que trabajar mucho en los próximos meses", según apostilló.

Para ello, el Consorcio tendrá que poner en marcha cuatro procedimientos administrativos, algunos nuevos y otros ampliados, para restituir la legalidad del proyecto después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el año pasado la reserva de 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre (en total son 527 y el resto son propiedad de la Junta). El primer paso, fundamental, será la redacción de un estudio para concretar los usos y las actividades que, por su naturaleza, pueden ubicarse y son compatibles con el dominio público. "No tendremos que renunciar a ningún uso y los que no puedan realizarse allí, que por otra parte no estaban especialmente definidos, se reubicarán", según explicó Lázaro.

Se realizará un análisis sobre la idoneidad y exclusividad de la ubicación, no menos clave, para demostrar que no hay otros espacios en la zona donde puedan emplazarse estas actividades. Ésta era una de las carencias en la exposición del proyecto que han detectado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando anuló la delimitación del terreno -base de las expropiaciones ulteriores-, como, posteriormente, el Tribunal Supremo. Además, se encargará una nueva declaración de impacto ambiental y, finalmente, se establecerá un límite temporal de la reserva -antes inexistente y reprochado también por el TS- por un plazo de treinta años prorrogable a otros tantos, es decir, 60 años en total.

Una vez culminada esta tramitación, el Consorcio solicitará al Gobierno central una nueva declaración de reserva de las hectáreas afectadas que, como la primera, suscrita en 2007, deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. En ese momento se tendrán que establecer además las medidas necesarias para que, en caso de una futura reversión de la concesión, los terrenos puedan recuperar sus características originales.

La presidenta del Consorcio restó importancia al retraso que sufrirá el parque empresarial y logístico e, incluso, fue más allá al valorar la celeridad del pronunciamiento "absolutamente claro" del Tribunal Supremo. "Más que un retraso es de agradecer porque esto nos pasa dentro de diez años y habríamos estado en una situación irreversible", argumentó Juana Lázaro, que apuntó que en un proceso "tan complejo, que a los tres años sepamos ya la realidad de lo que debemos hacer desde un punto de vista urbanístico y jurídico, no se puede hablar de atrasos significativos".

Por lo tanto, no hay tiempo perdido y sí un horizonte posible. Es más, "aunque parezca que no se ha hecho nada en estos últimos tres años, en realidad hemos hecho muchas cosas que nos valen y son aprovechables para el futuro", apuntó Lázaro, en relación a las declaraciones medioambientales, los estudios geotécnicos "y una experiencia que no teníamos".

La sentencia impide trabajar en las 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre hasta que no se fundamente nuevamente el plan y se apruebe una reserva de este suelo por parte del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Costas) a favor del Consorcio. Pero se seguirá "trabajando en paralelo" en el resto de acciones, como el desarrollo de las 120 hectáreas propiedad de la Junta y no afectadas por el fallo, la promoción comercial del parque o la propia construcción de la sede, paralizada desde hace más de un año porque también entró en conflicto tras la primera anulación de las expropiaciones forzosas realizadas por la Junta.

El Consorcio avanzará en estos frentes "siempre y cuando no se pueda pensar que estamos obviando la sentencia", insistió Lázaro, que remarcó nuevamente que "no va a haber ninguna actuación que pueda provocar un incidente de ejecución de la sentencia que nos pueda paralizar".

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