El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas, en noviembre de 2002, dejó su propia marca en Cádiz. Afortunadamente no fueron los chapapotes pero sus efectos negativos aún perdurán. En 2002 la administración central había aprobado el proyecto para la construcción de la nueva sede de la Subdelegación del Gobierno, en el amplio solar que en la frontera entre el casco antiguo y el Cádiz de extramuros ocupó en su día el Gobierno Civil, junto a Radio Juventud y otras dependencias estatales. El dinero previsto para esta obra, más de 20 millones de euros, cambió de partida presupuestaria y fue destinada por el Estado para pagar la limpieza de la costa gallego de la contaminación producida por el Prestige. Han pasado cerca de dos décadas y el solar sigue vacío. Pasó la crisis del petrolero, llegaron años de relativa bonanza, después otros tantos de dura crisis financiera y el terreno sigue vacío. Se limpia de vez en cuando y ahora sólo se utiliza para el acceso de los camiones de las obras de un supermercado que se construye en los bajos de un edificio vecino.

El desarrollo de las grandes obras públicas en la ciudad de Cádiz siempre han estado influenciadas por los avatares de los gobiernos central y regional. Parece como si funcionáramos como una particular hucha de la que sacar dinero en casos de crisis. Parece, también, como si alguien quisiera hacernos pagar a los gaditanos lo que en su día costó el soterramiento de la vía del tren (que el Ayuntamiento asumió en un 20%) y, sobre todo, lo que costó la obra del puente de la Constitución de 1812.

No hay que olvidar que la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008 se llevó por delante proyectos público de inmenso calado: el nuevo Hospital Regional, que con la actual pandemia hubiera ayudado a afrontar mejor la situación, con un coste estimado de unos 300 millones, y la sede de la Ciudad de la Justicia, con un coste variable entre 30 y 80 millones atendiendo a que se plantearon dos operaciones diferentes. El Hospital es uno de los proyectos que ha querido rescatar el actual gobierno de Moreno Bonilla y la subdelegada del Gobierno, Ana Mestre, pese al golpe económico que ha supuesto esta crisis sanitaria, va a ponerlo sobre la mesa porque cree firmemente en esta infraestructura y considera que es necesario ese centro de referencia. Cádiz ha podido asumir el golpe de la pandemia porque le ha pillado de refilón. Si el golpe hubiera sido directo, como en Bergamo, en Italia, una ciudad con los mismos habitantes que Cádiz, no hubiera podido aguantarlo. Europa, en esta ocasión, quiere inversión sanitaria. Pero no seamos optimistas. En la sede de la delegación no lo son.

La duda, por tanto, es si estas dos actuaciones, planteadas hace ya más de 15 años, se reactivarán por aquello que también ayudan a la economía de la ciudad. O bien el dinero destinado a ambas se dedican a tapar el agujero dejado por la pandemia en las cuentas públicas.

Habrá que estar atentos también a la continuidad en el plan de recuperación de las murallas de Cádiz, con más de seis millones de euros, de la mano del Estado. E incluso esta crisis tal vez acabe de forma definitiva con la segunda línea del tren metropolitano, que debía unir Cádiz con Jerez a través del segundo puente, con más de 100 millones de coste (atendiendo a lo gastado en la primera línea), en este caso del bolsillo de la Junta que, no olvidemos es la que debería de poner el dinero del nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia y diversas promociones de viviendas públicas.

Fuentes de la Consejería de Fomento aseguran que, aunque el presidente Moreno Bonilla haya dicho que “los presupuestos han saltado por los aires”, ellos no han recibido ninguna orden de parar lo que está en marcha. “Otra cosa será lo que se haga con nuevos proyectos o que un nuevo rebrote obligue a derivar recursos a Sanidad, pero la orden actual es seguir con el ritmo en cada una de las obras y esto, por supuesto, no afecta a ninguna de las inversiones de los planes eruropeos ITI. de hecho, la idea es precisamente ponernos en marcha cuanto antes para recuperar tiempo y que no se pierda ni un solo empleo”, afirman estas fuentes. La Consejería de Fomento ha reanudado este mes contratos por importe de 115 millones de euros, lo que permitirá la generación de unos 1.400 puestos de trabajo. Desde que se levantaron a principios de mayo las suspensiones de los procedimientos de contratación pública, paralizados desde el 14 de marzo por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía ha movilizado casi 30 millones en expedientes para la construcción de infraestructuras y rehabilitación de viviendas.

La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19), dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de los contratos de las entidades del sector público. Esta suspensión tuvo especial incidencia en la Consejería de Fomento, donde la contratación de obra pública cobra una importancia de primer orden. La aplicación de esta disposición afectó, de hecho, a contratos por importe de 213,5 millones.

Esta paralización cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta el peso de la licitación de obra pública en Andalucía, que fue de 2.491 millones de euros en 2019, según datos de Seopan. La Junta contribuyó con 1.349 millones y se situó como la administración autonómica con mayor montante de licitación por delante de Madrid (1.056 millones) y Cataluña (796,2 millones).

Dentro de los contratos reactivados figura el del mantenimiento del tranvía de la Bahía

Fomento reactivó las mesas de contratación a los pocos días de levantarse la suspensión, el pasado 5 de mayo. En los siete días siguientes se movilizaron expedientes por un montante de 29,8 millones de euros. Dentro de los contratos reactivados, figuraban los contratos de mantenimiento y limpieza previos a la puesta en servicio del tranvía de Cádiz.

Además, la Consejería ha reanudado una decena de contratos, por 8,9 millones de euros, para la rehabilitación del parque público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que beneficiarán a 378 viviendas, algunas de ellas en Cádiz.

San Fernando era uno de los municipios más afectados por la obra pública. Las dos grandes obras que actualmente se llevan a cabo solo han parado en el estado de alarma durante las dos semanas de abril en las que el Gobierno decretó la suspensión de todas las actividades no esenciales. Se trata de la rehabilitación del Ayuntamiento, que ahora se centra en la reurbanización de las calles aledañas, y de las obras del Museo Camarón.

Este último además presenta grandes avances. Esta misma semana el Ayuntamiento aseguraba que las obras de este equipamiento cultural financiado en su mayor parte con los fondos ITI estarán acabadas este verano. La obra del edificio, de hecho, está prácticamente terminada y ya se trabaja en la adecuación de la museografía.

El estado de alarma que ha propiciado la crisis sanitaria del coronavirus ha ralentizado la marcha de los trabajos en estas dos actuaciones pero tampoco demasiado.

Un mes paralizadas han estado también a causa del Covid-19 las obras de la ITI que se llevan a cabo en la playa de Camposoto: la reparación de los defectos de diseño de la pasarela peatonal que impidieron su apertura en la pasada temporada. Los trabajos se retomaron a finales de abril y actualmente están en marcha con la intención de acabar antes de verano.

También el coronavirus frenó en seco las pruebas dinámicas del tranvía que se estaban llevando a cabo a diario entre Chiclana y San Fernando antes del estado de alarma. Aunque el parón solo fue también de un mes. Tras la Semana Santa, el tranvía volvió a ponerse en marcha para retomar estos ensayos. La previsión de la Consejería de Fomento es que a finales de mayo se hubiese conseguido recuperar el ritmo anterior a la crisis sanitaria.

En las últimas semanas se han vuelto a reanudar también otras obras de menor relevancia que se llevan a cabo en la ciudad. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha apostado por mantener el nivel de la inversión pública en San Fernando como una de las claves de la ‘reconstrucción’. Incluso ha cifrado dicha inversión municipal -entre las obras en marcha, las que están a punto de adjudicarse y las que se recogen en los presupuestos y se planean poner en marcha- en 19,5 millones de euros.

En Sanlúcar, se han reanudado las obras que se estaban llevando a cabo con cargo a los planes Invierte y Profea, a saber, las principales actuaciones públicas en ejecución en el municipio hasta el estallido de la crisis del coronavirus, a la espera de los grandes proyectos que mucho antes de la pandemia, hace años ya, no acaban de hacerse realidad, como la remodelación del acceso de la ciudad por la carretera de Chipiona.En Puerto Real, el colegio Caines, que quiere estar en septiembre, una de las principales obras de Educación en la provincia, sigue adelante y ha reanudado sus trabajos.

Una de las grandes deudas de la Junta, el arreglo de una de las carreteras más infames de la provincia, la que une Medina con Paterna, tampoco se detiene. Ya se van a publicar las expropiaciones de suelo necesarias para acometer estos trabajos, tras recibir la orden de expropiación de la obra de ensanche y refuerzo por parte de la Dirección General de Infraestructuras. La delegada Mercedes Colombo dice que “en este proceso de licitación seguimos trabajando”.

No se sabe qué será de obras de mayor enjundia demandadas hace largo tiempo como el desdoble de la Arcos-Antequera (Junta) o la N-340 entre Vejer y Algeciras, por no hablar del nudo de Tres Caminos (Gobierno). En lo que se refiere a la conversión de Valcárcel como Facultad de Educación, hoy parece una quimera.