La Operación Toscana, cuyas investigaciones se iniciaron en abril de 2009, pretendía llegar al país en el que se captaban las mujeres para los clubes de la familia Galán. Ese fue el motivo por el cual el registro y las detenciones se dilataron tantos meses, en los que llegaron a intervenirse por orden judicial más de una veintena de teléfonos. Finalmente, la operación no logró la detención de la persona o personas que supuestamente captarían a las prostitutas en otro país y se centró en el entorno de la familia Galán, cuyos miembros han quedado en libertad con cargos. Fuentes próximas a la Guardia Civil sostienen que existen numerosas pruebas que incriminarían a los inculpados en diferentes delitos, entre los que citan el de rufianismo (tipificado en el Código Penal) por entender que "se valían de la condición de necesidad de las mujeres". Esta acusación -de un delito que comporta dos años de cárcel por cada caso- se basaría en medio centenar de declaraciones judiciales firmadas por otras tantas mujeres que habrían reconocido que ejercían la prostitución por necesidad. "Se lucraban de la prostitución, como ha quedado claro con las ganancias que tenían todos los días en sus clubes", indicaron estas fuentes que, al mismo tiempo, insisten en que existen otros delitos "evidentes", como el de blanqueo de dinero, delitos fiscales, y de asociación ilícita porque las personas inculpadas "estaban organizadas jerárquicamente, con unas que daban órdenes y otras que las ejecutaban".

A pesar de la decisión judicial de dejar en libertad con cargos pero sin fianza a todos los detenidos y de retirar el precinto a los locales, quienes han llevado a cabo la investigación se muestran convencidos de que las pruebas que irán a juicio acabarán demostrando la existencia de una trama organizada de explotación sexual, como en un principio se informó tras la Operación Toscana.