"La operación del lunes contra el robo de cobre no es puntual, sino el resultado de trabajo de meses que aún continúa". Así se expresaba ayer el subdelegado del Gobierno central en la provincia de Cádiz, Sebastián Saucedo, que destacó la importancia de la investigación que se ha saldado, hasta el momento, con 10 personas detenidas, cuatro imputadas y la aprehensión de cerca de 100.000 kilos de cobre, 13.000 de ellos sin justificar su procedencia y que ahora se centra en esclarecer la procedencia de las otras toneladas, que podrían venir de otras provincias.

Saucedo incidió en el trabajo puesto en marcha desde julio, con una reunión con los responsables de seguridad de la red eléctrica para dar una respuesta a la proliferación del robo de cables de cobre en la provincia, que han doblado su valor en el mercado negro en los últimos meses, y por los que habían mostrado su preocupación distintos alcaldes. Además han puesto en peligro la vida de los operarios de electricidad en las distintas instalaciones, como parques eólicos o estaciones fotovoltaicas. Según manifestó, "el modus operandi, por ejemplo en los parques eólicos, era cortar 150 metros de los 200 del cable a tierra y taparlo, con lo cual los trabajadores que tenían que manejar el circuito han corrido un riesgo importante".

La operación, en la que se han coordinado Guardia Civil y Policía Nacional ya que las detenciones y registros se han realizado en diversas localidades de la provincia, continúa y no se descartan más detenciones. Ahora la investigación se centra en averiguar la procedencia de 80 toneladas. Las sospechas apuntan a que pudieran venir de otras provincias ya que dos de los detenidos son de fuera, con lo que la 'Operación Platero' podría tener un efecto dominó. Hasta ahora, no se ha cerrado ninguna de las chatarrerías investigadas. "Hay que pedir cautela porque las diligencias continúan, pero se está erradicando esta actividad ilícita para tranquilidad de la ciudadanía. Además se ha actuado contra el que compraba", terminó Saucedo.