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Provincia de Cádiz

Una obra histórica, ¿sin ayudas?

  • El PP reabre el debate sobre la financiación de la rehabilitación del Ayuntamiento y pide la implicación de la Junta para afrontar su coste

La inminente adjudicación de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento por ocho millones de euros ha reavivado un debate ya conocido en torno a la financiación del proyecto y a la pretendida implicación de la Junta de Andalucía. El PP se encargó ayer de recordar de nuevo la existencia del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en 2002 que obliga a cofinanciar las obras del Palacio Consistorial al cincuenta por ciento. Este acuerdo obligaría a la administración autonómica a colaborar en la ejecución del proyecto -de la misma forma que la ha hecho en otros muchos proyectos, desde el club náutico de La Casería a las instalaciones del campo de hockey o del campo de deportes Bazán, por citar algunos de los ejemplos más recientes- aportando unos cuatro millones de euros.

Hace trece años ya del convenio -no hay que olvidar que el Ayuntamiento lleva nueve años cerrado y que su rehabilitación se pretende desde hace quince- pero para los populares el documento no ha dejado de tener vigencia en ningún momento. Esa colaboración, recalcó el concejal del PP y anterior delegado de Presidencia, Daniel Nieto, se ha buscado en varias ocasiones durante el anterior mandato mientras se intentaba avanzar con la tramitación del proyecto. Pero no ha habido resultado. "Desde luego, no aparecen en los presupuestos andaluces de 2015. No hay ninguna partida reservada a la rehabilitación del Ayuntamiento", apuntó.

El Ayuntamiento tiene sobrada capacidad económica para afrontar esta inversión por sí solo. Cuenta ya con cuatro millones de euros procedentes de una operación de crédito que se ha suscrito este mismo año. Y en los presupuestos hay reservada una partida de otros dos millones de euros. Hay además un superávit presupuestario de 4,8 millones de euros que procede del cierre de las cuentas de 2014 y que en parte puede ser utilizado para inversiones. Solo con que en los presupuestos municipales del próximo año se incluya una nueva partida -que podría ser incluso inferior a la de este año- estaría cubierta la totalidad de la actuación.

Pero sí la Junta de Andalucía se implica en la financiación de las obras, la ciudad -evidentemente- contaría con dinero para otras inversiones que tiene que solventar. La lista de temas pendientes es además bastante larga: desde el Castillo San Romualdo al museo de Camarón pasando por la necesaria puesta a punto de las barriadas más alejadas. Hay donde gastar ese dinero.

Más allá de la postura política del PP, hay muchos isleños que no entienden que el Ayuntamiento -un edificio histórico de gran valor patrimonial que está protegido y catalogado como Bien de Interés Cultural- no reciba ni un solo euro de otras administraciones para su rehabilitación y tenga que afrontar su puesta a punto La Isla en solitario y por su propia cuenta y riesgo. Motivos para implicarse hay de sobra: es un BIC, un ejemplo único de la arquitectura ilustrada, el ayuntamiento de mayores dimensiones de Andalucía y el tercero de España, fue además escenario directo de los hechos históricos de Las Cortes de 1810 y en él se constituyó el primer Tribunal Supremo tres años más tarde.

A pesar de todo, el edificio presenta un evidente deterioro y lleva cerrado nueve años. Las esperadas obras de rehabilitación se adjudicarán por fin en la primera semana de septiembre y se prevé que concluyan en 2018.

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