El año 2009 acabó en la provincia de Cádiz con 3.050 alquileres oficiales registrados en las oficinas de la Delegación Provincial de Hacienda. Este número de arrendamientos legales supuso un desembolso total (en concepto de fianzas) de 2.343.518,95 euros.

En cuanto al número de expedientes, el registrado a lo largo de 2009 es el más alto en los últimos cuatro ejercicios, ya que en 2006 fueron 2.466; en 2007 llegaron hasta los 2.768; y en 2008 se quedaron en 3.045.

Sin embargo, y a pesar de la evolución positiva de los alquileres declarados en la provincia de Cádiz, la cuantía global por desembolso de depósitos no ha sido igualmente mejorada. Si en 2009 el total fue de 2,3 millones, el pasado 2008 (con sólo cinco arrendamientos menos declarados, según los datos oficiales de Hacienda) el desembolso llegó hasta los 3.322.417,48 euros, es decir, casi un millón de euros más.

Incluso, en 2007, el global depositado fue superior que el ejercicio recientemente concluido, con 2.757.581 euros. Ya en 2006, la cantidad fue prácticamente similar a la de 2009, con 2.292.332,17 euros.

Esto significa que el alquiler medio pagado en 2009 fue en la provincia de Cádiz (por fianzas depositadas) de 768,3 euros. En 2008, el alquiler medio llegó hasta los 1.091 euros; mientras que en 2007 fue de 996,2 euros y en 2006, de 929,5 euros.

Otro apartado distinto es el de las devoluciones de fianzas por arrendamientos finalizados. Así, la tendencia ha sido de evolución al alza desde 2006 (con un leve descenso en 2007). Si hace cuatro años fueron 1.368 las devoluciones confirmadas por Hacienda en Cádiz, al año siguiente resultaron 1.333. Sin embargo, ya en 2008 se elevaron hasta las 1.839 y, el pasado 2009, hasta las 1.971.

El montante económico devuelto en cada ejercicio denota igualmente el abaratamiento de las fianzas en 2009, ya que fueron 1.530.599,77 euros, mientras que un año antes el global devuelto llegó a los 1.559.699,80 euros (con más de cien devoluciones de diferencia). En 2007, el montante fue de 1.195.769,86 euros y, en 2006, de 1.20.540,33 euros.

Lo datos de la Delegación Provincial de Hacienda (recogidos a finales del recientemente finalizado 2009) desvelan la "evolución positiva" del número de depósitos referidos a las fianzas por arrendamiento. Así, fuentes de ese departamento estiman que la disminución de la cuantía de los depósitos puede estar motivada como consecuencia de un ajuste a la baja de los alquileres, entre otras cuestiones.

Por otra parte, el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) elaboró recientemente un informe propio en el que aseguraba que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco.

En concreto, calculaban que existe más de un millón de alquileres no declarados en España, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas. El estudio de los técnicos de Hacienda cifró en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

El estudio, elaborado a partir del cruce de los últimos datos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, "lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%".

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid. Respecto a la cuantía defraudada, Cataluña lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de Madrid y Andalucía, con 709,7 y 404,4 millones de euros, respectivamente. Según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen las comunidades de Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%).

Gestha denunció que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas.