Incumplir la ordenanza municipal para la protección y defensa de animales de compañía, tendrá sus consecuencias económicas a partir de hoy, que comenzarán a aplicarse sanciones que podrán oscilar entre 60 y 500 euros a los propietarios de mascotas que no cumplan la normativa.

La medida fue anunciada ayer por el Ayuntamiento, en una rueda de prensa en la que comparecieron los responsables municipales de Salud, Medio Ambiente y Policía Local, Rocío Fernández, Pedro Romero y Salvador Catalán, respectivamente.

Con esta medida se pretende, entre otros aspectos, erradicar un problema que no sólo supone una mala imagen de la ciudad sino, ante todo, un problema higiénico que en materia de salud puede tener consecuencias para los ciudadanos, como las que conlleva el permitir que los excrementos de los animales se depositen en la vía pública.

La campaña municipal puesta en marcha hace aproximadamente un año sobre este asunto caló en buena parte de la población, pero aún existe una minoría que con su actitud incívica no ha contribuido a poner fin al problema, por lo que no es raro pasear por las calles y ver la desagradable imagen de las defecaciones depositadas en parques, puertas de los colegios o zonas donde el tránsito de personas es continuo. Imagen que, según advirtió Pedro Romero, no se va a volver a permitir.

La no recogida de las heces, según informó la teniente de alcalde Rocío Fernández, no será el único aspecto motivo de sanción ya que también podrán ser multados los propietarios de mascotas que circulen por la vía pública sin correa ni bozal en caso de animales potencialmente peligrosos, los que no lleven bolsa o cualquier otro dispositivo para la retirada de las heces de la vía pública o aquellos que no lleven los documentos de identificación del animal, entre otros.

Según puso de manifiesto en la rueda de prensa el responsable municipal de Policía Local, Salvador Catalán, las sanciones económicas podrán ser en los casos que se estimen oportunos sustituidas por servicios a la comunidad.

Desde el Ayuntamiento se espera que la ciudadanía tome conciencia del problema y contribuya a atajarlo.

Los responsables municipales han querido aclarar que en ningún caso la imposición de sanciones responde a un afán recaudatorio.