Hay un dicho popular que sostiene que la Administración paga tarde y mal. Es un aforismo reciente, consecuencia de una pauta de gestión que durante años ha proliferado peligrosamente sobre todo entre los ayuntamientos. El gran crecimiento de los núcleos urbanas y de la demanda de servicios que, incluso, exceden sus competencias ha exigido de estos organismos un sobreesfuerzo económico que, en algunos casos, no ha sido suficiente y ha derivado en un alto grado de endeudamiento o, incluso, en la asfixia total.

Una de estas deudas principales es la que mantienen con la Seguridad Social por el pago de las cotizaciones de los trabajadores municipales. Según una respuesta remitida por el Congreso al diputado popular Aurelio Sánchez, la mitad de los consistorios gaditanos tenía cargas pendientes con la Tesorería al término de agosto.

En total son 22 localidades que pueden diferenciarse por la situación de pago en que se encuentran. Doce de ellas han llegado a un acuerdo con este organismo nacional para aplazar la liquidación de sus deudas, lo que les permite figurar como entidades que están "al corriente" de sus abonos y, en consecuencia y muy importante, les desbloquea el acceso a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) -porcentaje de una serie de ingresos fiscales, como los del IRPF, IVA, alcohol, hidrocarburos o tabaco, que les corresponde en función de su tamaño-. Éste es el caso de Jerez, Sanlúcar, Puerto Real, Prado del Rey, Conil, Trebujena, Puerto Serrano, Algodonales, Jimena, Algar y Villaluenga, cuyo agujero con la Seguridad Social oscila entre los 49,1 millones jerezanos y los 9.035 euros de Villaluenga.

Los otros diez no han llegado aún a la fase de aplazamiento, bien porque están negociándola con la Tesorería, como es el caso de Barbate, Los Barrios, La Línea o Arcos, o porque todavía -a fecha de 31 de agosto- se hallaban en el periodo de pago voluntario y, además, tienen unos atrasos reducidos, como Algeciras o Bornos (ambos no superaban los 100.000 euros).

El resto de ayuntamientos, otros 22, estaban al corriente de sus obligaciones o tenían unas cantidades pendientes insignificantes. Cabe destacar la situación "0,0" de doce de estos, representativa de su inmaculado estado con la Seguridad Social: Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Castellar, El Gastor, Grazalema, Medina, Olvera, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Ubrique y Zahara. Ninguno de ellos debía a finales de verano ni un solo euro a estas arcas públicas.

No es fácil mantener esta posición, elogiable, de perfecta actualización con la Seguridad Social, sobre todo en el actual periodo de crisis en el que los ingresos fiscales se han reducido drásticamente por la caída de la construcción y la ralentización de la actividad económica. Pero no es menos encomiable el "esfuerzo" que los ayuntamientos endeudados han hecho, y siguen haciendo, para ponerse al día de sus pagos, según destacaron fuentes del organismo estatal. Desde 2004, los procesos de regularización han sido constantes y el horizonte actual es que durante el primer trimestre de 2009 culminen las negociaciones abiertas con Barbate, La Línea, Los Barrios, Chipiona, Espera, Tarifa o Villamartín. Muchas de ellas están muy avanzadas y el objetivo es que los municipios queden liberados para optar a la participación estatal anual y, también, al nuevo Fondo de Inversión Municipal del Estado que prevé distribuir hasta 8.000 millones entre todos los consistorios españoles "sin excepción", con el propósito de reactivar la construcción y propiciar la contratación de "entre 200.000 y 300.000 parados", según auguró la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

La Tesorería "está trabajando en todas las provincias para conseguirlo" y, en concreto en Cádiz, la previsión es que "ningún ayuntamiento tenga problemas" para acceder a este plan económico que dejará en los municipios gaditanos un máximo de 213,7 millones (177 euros por habitante). El primer pago está previsto para el 13 de abril, por lo que los consistorios tienen solamente estos cuatro meses para regularizar su deuda si quieren optar a los fondos estatales.