El retraso en las valoraciones del grado discapacidad en la provincia de Cádiz llegó ayer al pleno de la Diputación, donde se cifró en 13 meses el tiempo necesario de espera tras haber llegado a los 17 en otros momentos de la pandemia.

Estos son los datos que aportó la diputada provincial de Ciudadanos, Estefanía Brazo, ante la moción de Izquierda Unida pidiendo mejoras, recordando que se ha reducido el tiempo que se alcanzó en los peores momentos de la pandemia, "pero entendemos que tienen que bajar más" y aseguró que la Junta de Andalucía está trabajando en un plan de choque y mejoras en los centros de valoración.

A petición de IU, la Diputación dio su respaldo unánime a la proposición por la que se insta a la Junta de Andalucía a realizar “un análisis pormenorizado de la situación actual y de los retrasos que se están produciendo en las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad en la provincia de Cádiz”, así como que se dote del “personal necesario a los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de la provincia y actualizar los ratios de población demandante, en relación a los puestos de trabajo existentes para cubrir las necesidades y prioridades reales de las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad”.

La portavoz de IU, Carmen Álvarez, hizo alusión al informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los tiempos medios de respuesta de la Junta de Andalucía desde que una persona solicita la valoración de discapacidad hasta que recibe la notificación de la resolución, llegando a la conclusión de que en los centros de Andalucía existe "un retraso generalizado y estructural en gran parte de ellos”. Concretamente, Álvarez apuntaba que la respuesta de la administración andaluza a una persona que haya solicitado una valoración de discapacidad “llega hasta los 17 meses, a pesar de contar con dos centros de valoración, uno en Cádiz y otro en Algeciras”.

Por su parte, desde el PSOE denunciaron que se han suprimido los desplazamientos de los valoradores, sobre todo a entornos rurales, lo que les supone a estas personas tener que desplazarse para su examen de valoración.

Para IU el plan de choque de contratación habilitado por el Gobierno andaluz para solucionar esta situación “no está siendo efectivo, y tal y como dejó claro el Defensor del Pueblo Andaluz, ya sean 17 meses de espera o 13 siguen siendo demasiado y este tiempo de espera supone la pérdida de garantía y apoyo de la administración para que las personas puedan vivir dignamente; hay una clara falta de personal, que ya era patente antes de la pandemia y la administración no puede escatimar en recursos en estos temas tan delicados, nos acostumbramos a que la burocracia sea lenta, pero esto no puede ser una norma”, recriminó la diputada.