Sólo un parte de los residentes en los pisos militares de la zona conocida con el nombre del Merendero comprarán sus viviendas al Invifas (Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas).

Aunque la espera para acceder a la adquisición de estas casas dentro del proceso de enajenación del parque inmobiliario del Ministerio de Defensa que se inició a finales de la década de los 90 ha sido bastante larga -los vecinos han tenido que esperar a que el Ayuntamiento y el Invifas formalizaran un acuerdo para la recepción de los viales y a que éstos se adecuaran-, la mayoría de los residentes ha dejado a un lado la oferta que se les ha puesto sobre la mesa y ha decidido esperar.

Y la razón no es otra que su desacuerdo con la tasación fijada desde el Invifas, unos precios que prácticamente duplican el valor de viviendas similares y del mismo barrio que se vendieron hace tan sólo dos años. Ese manifiesto rechazo llevó antes del verano a que los vecinos denunciaran públicamente una situación que les parece a todas luces injusta y reclamaran un trato igualitario. Tanto más, cuando ellos no han podido acceder a la compra de sus viviendas hasta ahora.

El descontento llevó incluso a que los residentes buscaran el amparo de la Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas Militares, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra Defensa para impugnar las condiciones de venta de estos 200 pisos. Hasta el Ayuntamiento brindó su apoyo a los vecinos afectados e, incluso, barajó personarse en el recurso, aunque finalmente lo descartó porque lo desaconsejaban los servicios jurídicos municipales. El Pleno de la Corporación Municipal, no obstante, sacó adelante una moción de apoyo a los vecinos en la que instaba al Invifas a la revisión de las tasaciones realizadas. Y el alcalde, Manuel de Bernardo, remitió un escrito al director general del Invifas, Carlos Navarro, en el que le trasladaba su preocupación ante el asunto -la enajenación de este conjunto de viviendas precisó de un convenio previo entre el Ayuntamiento y el Invifas- y le pedía que se reuniera con los vecinos.

Este conjunto de circunstancias ha llevado a que la mayoría de los vecinos haya optado por esperar y postergar la posible compra de las viviendas en las que residen desde hace décadas ya que la ley les permite aplazar dicha operación durante un plazo máximo de cinco años. De esta manera, los residentes confían en que el Invifas aborde una revisión de los precios que les pueda resultar más accesible -en muchos casos se trata de personas mayores- porque la tasación, según la normativa vigente, ha de realizarse en el transcurso del año de venta de la casa.

Aunque no deja de ser un arma de doble filo -el valor de la vivienda podría bajar en una nueva tasación, pero también subir- la mayoría de los vecinos ha puesto su esperanza en esta salida ya que, de momento, les permite continuar en sus casas como hasta ahora. Según ha podido saber este periódico por boca de los vecinos, sólo unos 40 de los 200 afectados -una cuarta parte- ha decidido comprar.