Los casi seis años de obras que acumula la calle Real no han enfriado los ánimos de la lucha 'anti-tranvía' en San Fernando. Antes bien, azuzado por los numerosos errores cometidos con el proyecto y el creciente hartazgo ciudadano, el colectivo ha cobrado nuevos bríos y empuje en torno a una nueva plataforma ciudadana que postula el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 29 de octubre de 2010. Una resolución firme que, a raíz de las expropiaciones llevadas a cabo en la manzana de Montañeses de la Isla, declara "nulo y sin efecto" el proyecto del tren-tranvía y los actos y trámites de ejecución llevados a cabo.

Frenar el tranvía y reconducir el proyecto por la Ronda del Estero es su objetivo, el mismo que defendían en 2006 cuando recogieron más de 9.000 firmas entre los ciudadanos para solicitar al Ayuntamiento una consulta popular con la intención de modificar su trazado por la calle Real. Ahora, sin embargo, disponen de una sentencia del TSJA que reconoce la nulidad del proyecto y de las obras realizadas. "Así que se trata simple y llanamente de cumplir la ley", advirtieron ayer.

Esta resolución judicial de 2010 se convierte en el pilar que sustenta al nuevo colectivo, bautizado por ello como plataforma Sentencia Tranvía. Juan José Fornell García, José María Díez Gil y Aurora Sánchez Urréjola se han puesto al frente de un grupo que aglutina a muchas caras conocidas de la vieja lucha 'anti-tranvía' y que incluye, entre ellos, a conocidos empresarios, comerciantes y profesionales de San Fernando.

"Es el momento de ser contestatario", advierten. Y recuerdan que la Junta de Andalucía acaba de licitar la colocación de las marquesinas, que el Ayuntamiento ha encargado una auditoría antes de recepcionar las obras y que en breve volverá a levantarse de nuevo toda la calle Real para repavimentar las losas rotas.

Por ello, la plataforma Sentencia Tranvía tiene claro que es el alcalde de San Fernando, José Loaiza, el que tiene que abanderar la lucha al ser "la autoridad más próxima al problema". A él -sostienen- le compete tomar la iniciativa para que se cumpla la sentencia del TSJA en su integridad. Por eso, desde el mismo momento de su constitución, pidieron al regidor "valentía política" y "altura de miras" para frenar en seco el proyecto del tren-tranvía, restituir la legalidad "y acabar con la sangría de las arcas públicas que suponen estas obras".

Formalmente, el próximo lunes cursarán por escrito en el Ayuntamiento una petición dirigida al alcalde isleño en la que la plataforma recién constituida plantea una batería de actuaciones que toma su punto de partida en la citada resolución judicial de 2010 que considera nulo el proyecto del tranvía.

Entre estas medidas legales y administrativas que, a juicio del colectivo 'anti-tranvía', el alcalde debería abanderar, se incluye la personación del Ayuntamiento en el procedimiento planteando una cuestión de incidentalidad en el TSJA así como la suspensión de las licencias de obras. También quieren que desde el Consistorio se aborde una cuestión de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía con el propósito de frenar las licitaciones que están en marcha. Y que se persone ante la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y ante la Intervención de la Dirección General de Fondos Comunitarios -Feder- de la Secretaría de Estado de Presupuesto para aclarar la situación de los expedientes de las obras del tranvía que han sido confianciados en cumplimiento de la sentencia. "Queremos que se cumpla la ley", reiteran desde el colectivo.