Una clara apuesta por el peatón, por una ciudad más sostenible, menos contaminante y más cómoda para vivir. Algunas localidades de la provincia ya están metidas de lleno en esta apuesta, como la misma capital, no sin reticencias por parte de algunos, pero ahora es la propia norma estatal la que impulsa este modelo urbano del siglo XXI.

La nueva Ley de Cambio Climático, con apenas unas semanas de vida, pone sobre la mesa la obligación de que todos los municipios del país con más de 50.000 habitantes adopten antes de 2023 "planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad".

En el caso de la provincia de Cádiz esta norma afecta a ocho ciudades que superan esta cifra de población: Cádiz, Jerez, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar y La Línea. En total 853.000 vecinos que se verán beneficiados con las medidas incluidas en la nueva legislación.

Entre las acciones que incluye la nueva Ley se requiere a las corporaciones locales que adopten "medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes interurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas".

En este último caso será esencial, por lo que respecta a la provincia de Cádiz, la administración regional y las mancomunidades

Aquí entrará también en juego las acciones necesarias para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal.

Junto a ello se adoptarán también en las ciudades:

1- Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.

2- Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

3-Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

4-Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles.

5- Establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire.

6- Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales.

Junto a todo ello, todos estos municipios deberán de establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023.

La configuración de estos espacios urbanos serán decididos por las propias administraciones. En los mismos se aplicarán restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones, según se refleja en la nueva normativa estatal que lucha contra el cambio climático.

En todo caso, se advierte que "cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente".

Ya hay ayuntamientos que están trabajando en este sentido. El Ayuntamiento de Cádiz está elaborando un estudio que prevé la instalación de cámaras para el control del acceso del tráfico rodado en el casco histórico, limitado a usuarios de garajes, servicios de emergencia y usuarios de hoteles y talleres que, previamente, deberán de comunicar su entrada. Se contará para ello con un sistema informático que agilizará los permisos, y que a la vez controlará si se cruza la línea sin el visto bueno correspondiente.

La nueva norma estatal, que da valor a la apuesta medioambiental de la Unión Europea, avala estas actuaciones municipales.

También se tiene como objetivo “alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. A estos efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijará para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO2, según sus diferentes categorías”.