El cierre cautelar de los seis "hoteles club" propiedad de la familia Galán, que fuera acordado por la Justicia por un plazo máximo de cinco años, "limitado a la instrucción de la causa", ha durado exactamente 12 días. Ayer, coincidiendo curiosamente con el Día de la Mujer Trabajadora, la nueva juez al cargo del caso emitía un auto por el que dejaba sin efecto la orden de clausura de los seis establecimientos del clan (cinco en la provincia de Cádiz y uno en la de Málaga). Y lo hacía de forma totalmente inesperada, y a petición del fiscal, como ya ocurriera el pasado viernes con la excarcelación del patriarca, Juan Galán, su hijo, el ex torero Juan Pedro Galán, el supuesto testaferro y otros encargados de los clubs, que fueron puestos en libertad con cargos sin fianza alguna.

El auto sorprendía a los abogados de los dueños en el momento en que se disponían precisamente a recurrir la orden de clausura, que no les fue notificada oficialmente hasta el pasado viernes.

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada, basándose en el informe realizado al efecto por el fiscal, estima que ya ha quedado probado que la actividad auténtica de los clubs de los Galán es la prostitución. Y ahora levanta el cierre, encomendando a la Administración que vigile que los establecimientos funcionan en base a las autorizaciones que tienen concedidas, estos es, como hoteles.

En los fundamentos jurídicos, la juez señala que ha quedado evidenciado "que la utilización de la denominación de hotel viene a encubrir el ejercicio de actividades por completo ajenas al ámbito de la hostelería, y responde a la exclusiva finalidad de acomodarse al tipo de licencia y autorización administrativa que permite la apertura al público de tales establecimientos, cuya actividad venía siendo la de prostitución, de la que se lucran los imputados".

De este modo, agrega la magistrada que la simulación del carácter hotelero de los locales "ha sido puesta de manifiesto por la investigación en curso, poniéndose de relieve la maniobra diseñada por Juan Pedro Galán y José Luis Torres Fernández (el supuesto testaferro), desde la cúpula de la organización dedicada a la explotación lucrativa de la prostitución ajena, para aparentar el hospedaje de clientes masculinos en los locales, cumplimentando para ello las hojas de hospedaje, enmascarando que las únicas personas que residían en los clubs eran las mujeres".

La juez alude a que ya se han intervenido activos y patrimonio, habiéndose informado además a las autoridades gubernativas "de indicios de consumo de drogas en al menos dos locales (en los clubs de Medina y de Estepona)", al tiempo que se ha dado cuenta a la Junta y a los respectivos ayuntamientos que los hoteles son utilizados como lugares de ejercicio de la prostitución". De ahí que estime conveniente, tal como pide el fiscal, acordar el alzamiento del cierre, dejando en manos de la Administración el control de que los clubs funcionan en base a las licencias y catalogaciones "que han autorizado su apertura y funcionamiento".

La juez termina su auto ordenando que se libre oficio a la Guardia civil para que de inmediato se desprecinten los clubs. Aunque anoche, al cierre de esta información, por lo menos La Hacienda, en El Puerto, seguía precintada.