La Junta de Andalucía asumirá a partir del nuevo curso escolar la gestión de la Escuela Infantil ‘Rocío Jurado’ y otros cuatro centros del mismo nivel de la comunidad. Con estas incorporaciones, son ya 171 las escuelas infantiles públicas de titularidad de la Administración autonómica.

Según ha comunicado la Consejería de Educación y Deporte, de esta manera “aumenta la red pública de estos centros adaptándolos a la legalidad y garantizando la escolarización y la mejora de la atención educativa”. Las cinco escuelas contarán con un total de 98 profesionales, de tal modo que las plantillas experimentarán un incremento de 25 trabajadores “para atender de la mejor forma posible las necesidades educativas del alumnado”.

Rocío Jurado y las otras cuatro escuelas, que suman 574 plazas y 39 unidades, dispondrán de educadores, técnicos especialistas en Educación Infantil, jefes de cocina, auxiliares, personal de limpieza y personal de apoyo, además de directores de centro. “Se trata de profesionales con experiencia y titulación provenientes de la bolsa de trabajo que ya existe para gestionar las bajas y vacantes de las escuelas de gestión propia de la Junta y a la que han accedido por mérito y capacidad”, ha informado el Ejecutivo andaluz.

“El anterior Gobierno de la Junta privatizó el servicio de estas escuelas infantiles, que salieron de la red pública para ser gestionadas por empresas privadas, de las que dependían los contratos de los 73 trabajadores que hasta ahora formaban parte de sus plantillas. Un informe de intervención del año 2016 ya advirtió a la Agencia Pública Andaluza de Educación de la situación irregular de estas escuelas, sin que la anterior administración afrontara el problema, como se ha hecho ahora, con una solución basada en criterios técnicos y jurídicos, y apoyada por la mayor parte de los sindicatos”, ha explicado.

El consejero del área, Javier Imbroda, manifestó tiempo atrás “su intención de explorar las posibilidades de encontrar una fórmula legal que permitiese mantener a los 73 trabajadores de las empresas privadas que gestionaban estos centros, intentado lograr una solución hasta el último minuto a través de un contrato de urgencia”. “Debido a los plazos legales, suponía, sin embargo, dejar estas cinco escuelas cerradas y, por lo tanto, desatender a los niños y a sus familias durante varios meses y únicamente postergar el despido de estos trabajadores por la fórmula de gestión irregular elegida por el anterior Gobierno andaluz”, ha asegurado.

Hay que recordar que el equipo docente y el AMPA de Rocío Jurado, con el apoyo del Ayuntamiento y la Flampa, han venido reclamando a la Junta que “cumpla la obligación de subrogar al personal de las escuelas, como establecen el Estatuto de los Trabajadores y sentencias del Tribunal Supremo”. En el caso de Chipiona, son 15 trabajadoras.