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Provincia de Cádiz

El juicio del caso de la perrera llega nueve años después de la denuncia

  • La vista, señalada para los días 7 y 9 de noviembre en Cádiz, sienta en el banquillo a cuatro responsables de El Refugio acusados de maltrato animal.

El juicio por el caso de la perrera de Puerto Real se celebrará los días 7 y 9 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, nueve años después de que se denunciaran los hechos. En un principio, la vista oral estaba prevista para los días 11 y 13 de marzo de 2013, si bien uno de los veterinarios acusados de maltrato animal no pudo ser localizado, lo que dio lugar a la suspensión del juicio. Finalmente, este procesado ha sido declarado en rebeldía, es decir, la vista se desarrollará sin él. Según el juez que dirige esta causa, "aún cuando no sería lo más propio celebrar el juicio sin la presencia de uno de los acusados, la paralización del procedimiento por más tiempo podría dar lugar a la prescripción de los hechos". De ahí que el magistrado haya optado por señalar la fecha para el próximo mes de noviembre sin contar con este veterinario.

El fiscal solicita un año de prisión para el propietario de la perrera El Refugio de Puerto Real, la directora y los dos veterinarios de las instalaciones (uno de ellos, el declarado rebelde), a quienes acusa de un delito de maltrato animal continuado. También pide para ellos tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

La asociación protectora de animales El Refugio (que ostenta el mismo nombre que tenía la perrera) presentó una denuncia ante el Seprona el 15 de junio de 2007, fecha en la que se inició el que es el primer proceso penal del país por maltrato animal contra los responsables de una perrera. Así comenzó un procedimiento que ha tardado más de nueve años en llegar a la fase de juicio.

La perrera prestaba servicio a unos quince municipios de la provincia. Según el fiscal, allí se sacrificaban perros y gatos empleando de forma exclusiva inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante muscular. Esa sustancia, señala, provocaba en los animales un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que, después del pinchazo, los animales agonizaban hasta su muerte por ahogamiento en plena consciencia.

"Todas estas circunstancias", afirma el fiscal, "eran plenamente conocidas por los acusados dada su condición de veterinarios titulados. La práctica de tales sacrificios de manera cruel y dolorosa fue ordenada por los procesados M. (directora del centro) y P. (propietario y administrador) en el uso de sus facultades de dirección y gestión con el objeto de abaratar costes, puesto que el precio de los medicamentos que se utilizan en una eutanasia ética y reglada (con uso de sedante como Calmo Neosan y pentonal sódico) es considerablemente más elevado". Desde sus respectivas posiciones en la perrera, "conocían el proceso agónico que conllevaba esta economía".

El representante del Ministerio Público especifica en su escrito de calificación que desde el año 2005 y hasta septiembre de 2007 se practicaron eutanasias de perros y gatos "cuyo número no ha podido ser determinado, pero al menos durante los primeros nueve meses de 2007 alcanzó la cifra de 537 sacrificios animales". Estas prácticas realizadas en El Refugio "sólo pueden ser consideradas como causantes de graves sufrimientos a los animales allí recogidos". Dice el fiscal que fueron ejecutadas con el objeto "de abaratar los costes de la actividad y obtener el mayor margen de beneficios, denotando una nula sensibilidad hacia el reino animal".

Además, expone la Fiscalía, "las jaulas que por sus proporciones debían haber albergado a un solo animal, contenían siete u ocho ejemplares; se mantenían en la misma jaula animales sanos con otros enfermos, moribundos e incluso agresivos; las instalaciones presentaban suciedad y una falta de recogida de residuos que puede ser calificada como constante y hasta crónica, y, por encima de todo y más destacable, los animales que se recogían procedentes de atropellos y accidentes eran dejados sin asistencia veterinaria desde el viernes por la tarde hasta el lunes, ya que no contaban con servicio de guardia de fin de semana, por lo que muchos de ellos morían, en ocasiones desangrados tras una lenta agonía o quedaban incapacitados gravemente".

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