Uno de los últimos juicios celebrados en la Audiencia Provincial de Cádiz antes del decreto del estado de alarma fue el del caso Convenios Urbanísticos de Rota, un asunto que llevó al banquillo a dos ex regidores de esa localidad, Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), acusados de adjudicar obras públicas de manera ilegal. La vista oral no llegó a concluirse por la crisis de emergencia sanitaria motivada por el Covid-19. Ahora, tres meses después, el juicio ya tiene fecha para reanudarse. Será los días 20, 21, 22, 29, 30 y 31 de julio. 

Durante esos días está previsto que declaren los testigos que restan y los peritos. Las última jornadas, como es habitual, se han reservado para los informes finales de cada una de las partes personadas en el procedimiento y las conclusiones definitivas.

En este procedimiento, la Fiscalía procesa a Lorenzo Sánchez por adjudicar de manera arbitraria diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano Moreno a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus sociedades. El fiscal calcula que Sánchez facturó de ese modo a las empresas de Castellano una cantidad aproximada de medio millón de euros entre 2007 y 2011.

La acusación pública solicita para Lorenzo Sánchez cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo. Para Eva Corrales, concejal delegada de Planeamiento cuando ocurrieron los hechos que describe el fiscal en sus conclusiones provisionales, plantea 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y para el empresario Felipe Castellano, acusado de un delito de cohecho activo, el fiscal pide cuatro años de prisión.

Cuando Lorenzo Sánchez y Eva Corrales declararon el pasado 2 de marzo ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, ofrecieron versiones muy parecidas sobre las circunstancias “legales” en las que se firmaron los convenios urbanísticos objetos de juicio. 

Según explicaron Sánchez y Corrales, suscribieron los convenios para la construcción de varios viales, un polígono industrial, un colegio y un centro de salud en Rota confiando plenamente en la legalidad jurídica y política de los mismos y en la labor de los técnicos municipales, a los que atribuyeron la responsabilidad última.

Los dos ex alcaldes admitieron que estos acuerdos se aprobaron inicialmente sin los informes preceptivos de Urbanismo, Intervención y Planeamiento aunque dieron órdenes para que se adjuntaran posteriormente al expediente. 

Lorenzo Sánchez habló de “una cuestión de oportunidad”. “El objetivo de uno de los convenios era desarrollar un polígono industrial. Hacía 15 años que no se construía una nave en Rota. Nadie le metía mano a este asunto desde 2007 pese a ser una demanda ciudadana, así que nos planteamos impulsar este proyecto, en plena crisis, siempre amparados en el interés público”, aseveró el ex regidor de RRUU.

Bajo el paraguas de esta misma línea defensiva, la ex alcaldesa del Partido Popular, a la fecha de los hechos concejala de Planeamiento, apostilló que el convenio para la construcción de las naves nido se aprobó por vía de urgencia “para no perder las ayudas Reindus” a las que estaba ligado. “No ocultamos nada ni a Industria ni al Gobierno. Tuvieron constancias de todo lo que hicimos”, apostilló.

Los convenios firmados, insistieron los ex regidores roteños, tenían “sostén legal”, “solidez económica”. Además, “fueron aprobados por unanimidad por la Junta de Gobierno y el plenario, es decir, por los mismos miembros del PSOE que hoy son querellantes”. “Aquí [en el banquillo] estamos Eva y yo, pero esto lo aprobó toda la Junta de Gobierno", remató el que fue líder de Roteños Unidos.