Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

Provincia de Cádiz

A juicio una banda acusada de enviar marihuana de El Puerto a Europa

  • La Fiscalía sostiene que los líderes del grupo, de nacionalidad china, alquilaban pisos turísticos para empaquetar la droga y camuflaban sus beneficios en un restaurante de comida asiática

Una plantación de marihuana desmantelada.

Una plantación de marihuana desmantelada. / D.C.

El cultivo de marihuana se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables de los últimos años y las mafias chinas no han querido dejar la ocasión de entrar en el mismo. Prueba de ello es la Operación Chinatown, una intervención policial que destapó en 2019 a un grupo de ciudadanos chinos afincados en la provincia de Cádiz que se dedicaban al contrabando de marihuana a través de envíos postales a países de Europa. En enero de 2022, los miembros de esta organización criminal, doce en total, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Cádiz acusados de tráfico de drogas. Según la Fiscalía, los procesados alquilaban pisos turísticos para prensar la marihuana, camuflaban los beneficios de su actividad en un restaurante de comida china y blanqueaban sus ingresos a través de un complejo sistema de transacciones empleado habitualmente para la financiación del terrorismo por organizaciones como Al Quaeda o Daesh. El fiscal del caso calcula que la banda obtuvo unos 2.315.000 euros en ganancias.

La acusación pública pide para los que considera los dos líderes del clan doce años de prisión y el pago de una multa de 8.000.000 euros. Para el resto solicita ocho años de cárcel y el pago de una multa de similar importe. Además, para uno de integrantes plantea tres años más por tenencia ilícita de armas y para otro, cinco años más por dar una paliza a un miembro del grupo que supuestamente no estaba cumpliendo con su cometido dentro de la jerarquía establecida dentro de la organización. 

Según recoge el escrito de calificación fiscal, los procesados configuraron un entramado criminal en el que, puestos de común acuerdo y con ánimo de distribuir sustancias estupefacientes entre la población a cambio de un beneficio económico, se concertaron "de forma premedita y planificada" con el objetivo de enviar marihuana y hachís prensado a través de empresas de mensajería desde la localidad de El Puerto a diversos países tales como Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Portugal o Alemania

En ejecución de este plan preconcebido, afirma el fiscal, cada encausado tenía unas funciones "perfectamente diseñadas dentro de una estructura jerarquizada" dirigida por dos ciudadanos chinos, quienes ejercían su mandato sobre las otras personas que colaboraran en los envíos de droga. Asimismo, "estos rendían cuentas a su vez a una estructura criminal supranacional cuyos integrantes no han podido ser identificados pero que desarrollaban la misma actividad delictiva en otros países europeos", precisa la Fiscalía.

De este modo, dos miembros de la red tenían como misión "crear y mantener plantaciones de marihuana" para abastecer de sustancias tóxicas a los acusados encargados de prensarlas y enviarlas empaquetadas a los países de destino. Así, tal y como recogen las conclusiones provisionales del fiscal, cultivaban las plantas "al ritmo de producción" que les indicaba el cabecilla en una vivienda de Estella del Marqués y en otra situada en la Cañada de los Carabineros, en Chiclana. Una vez registradas sendas casas, los agentes hallaron 161 y 238 plantas de marihuana, respectivamente, así como una pistola semiautomática con el cañón modificado "para disparar de manera más rápida y eficaz".

En el desarrollo del plan preconcebido y una vez que la banda criminal obtenía la marihuana facilitada por los dos acusados antes mencionados, los jefes se encargaban de ordenar al resto su empaquetamiento y prensado al mismo tiempo que decidían el país de destino.

"El negocio ilícito funcionaba de una manera tan eficaz que los dos cabecillas pretendían montar ellos mismos una plantación de marihuana en una nave con una capacidad para 1.000 plantas donde colocarían camas, duchas y mobiliario a fin de introducir a numerosos ciudadanos de nacionalidad china al servicio de la estructura criminal para que, sin salir de las instalaciones, se dedicaran permanentemente al cultivo de marihuana, un plan que se gestó en febrero de 2018 pero que por razones que se desconocen, no pudo llevarse adelante", apunta la Fiscalía. 

De igual modo, prosigue la acusación pública, los dos máximos responsables negociaban la cantidad y el precio de la droga con los compradores. Para ello empleaban un complejo sistema financiero de transacciones con bancos chinos con sucursales en ciudades de aquel país, como Qintian, Wenxi, Tashang o Jinzhou, con el propósito de evitar el rastreo de ingresos. Utilizaban pues un sistema transaccional conocido como hawala, usado con frecuencia para la financiación del terrorismo por organizaciones como Al Quaeda o Daesh. De esta forma, una vez que el cliente abonaba la mercancía adquirida en una de las cuentas del banco chino indicado por los procesados desde una cuenta corriente procedente de un paraíso fiscal, estos obtenían el dinero en efectivo en un establecimiento de cambio que les permitía dicha extracción de forma anónima tras pagar una comisión fijada aproximadamente en un 20% del importe cobrado. Con este método, eludían cualquier tipo de notificación a la Agencia Tributaria y escapaban del control de la Ley de Blanqueo de Capitales. 

Posteriormente, los encausados "camuflaban" el dinero obtenido aprovechando que uno de los líderes de la banda gestionaba un restaurante de comida china, por lo que podían "diluirlo dentro de los balances comerciales de mercancías y productos adquiridos procedentes de China en este establecimiento", indica la calificación fiscal. 

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía recogen también que uno de los jefes no dudaba en ordenar el empleo de métodos de violencia extrema cuando alguna persona a la que había asignado alguna función dentro del marco del tráfico de estupefacientes, no la realizaba en la forma adecuada. Esto sucedió en julio de 2019, fecha en la que el cabecilla ordenó a varios de sus hombres que propinasen una paliza a otro, que fue trasladado a una zona montañosa no concretada. Allí lo golpearon con una barra de hierro mientras le preguntaban si él había robado mercancía, al tiempo que lo amenazaban con cortarle la oreja si no confesaba. Como no lo admitía, uno de los verdugos prosiguió con las técnicas de tortura, estranguló al hombre hasta el límite de perder el conocimiento y le rompió varios dientes y el fémur. Los ejecutores de esa paliza, dice el fiscal, enviaron un vídeo de la agresión al jefe como "evidencia de que se había dado cumplimiento de forma eficaz a la orden dada". La víctima fue abandonada en la vía pública.

Asimismo, para evitar posibles identificaciones policiales, ese mismo jefe alquiló inmuebles turísticos a través de las plataformas Airbnb o Booking para alojar al resto de procesados por breves periodos de tiempo y para utilizar esos pisos como puntos de recepción, empaquetamiento, prensado y elaboración de los envíos de droga.

De otra parte, los tentáculos de la organización criminal alcanzaban a las propias empresas de paquetería. De hecho, la Fiscalía procesa a un empleado de mensajería por vigilar el buen curso de los envíos de droga y avisar de cualquier amenaza de inspección policial a cambio de una remuneración económica.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios