La Audiencia Provincial de Cádiz sentará el próximo 21 de mayo a 16 acusados de formar parte de una trama dedicada a la distribución de droga en la Bahía de Cádiz, que distribuían en embarcaciones de recreo y que llegaron a atacar a agentes de la Guardia Civil con una bengala.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, los hechos que se juzgan ocurrieron en 2014 cuando la Guardia Civil detectó la existencia de esta red, en una investigación que instruyó el juzgado número uno de Chiclana. Los agentes identificaron en la cabeza de esta red a dos hermanos y un socio, que llevaban a cabo labores de búsqueda, adquisición y custodia de embarcaciones, la compra de teléfonos satélites y la puesta a disposición de los tripulantes y de los encargados de la carga, transporte y ocultación de la droga.

Los hermanos contaban en ese momento con cuatro embarcaciones, que pusieron a nombre de terceros para desvincularse de la actividad ilícita, en caso de ser descubiertos, además de para intentar que no fueran decomisadas. El 26 de agosto de 2014 el socio de los hermanos acudió al puerto deportivo de Puerto Sherry, en El Puerto, para preparar un alijo en alta mar entre algunas de sus embarcaciones, con la colaboración de varias personas.

Los agentes les siguieron y fue un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera el que les sorprendió transbordando bultos a 22 millas de la costa de Chiclana. La Guardia Civil envió una embarcación camuflada hasta la zona y abordó la de los narcotraficantes a diez millas del castillo de Sancti Petri, aunque fue una operación que se complicó porque uno de los acusados lanzó bengalas contra los agentes, pero la pistola se encasquilló y provocó una explosión. Los agentes lograron controlar el fuego con un extintor.

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera lograron recuperar 1,8 kilos de hachís, valorados en 2.753.535 euros, además de incautarse de todas las embarcaciones, varios vehículos y registrar una nave en el polígono industrial de El Portal, en Jerez.

La Fiscalía pide para los 16 acusados penas de hasta ocho años y nueve meses de cárcel por delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal.