La Guardia Civil de Cádiz ha imputado a dos personas como supuestos responsables de un delito contra la ordenación del territorio, al asfaltar de manera ilegal unos dos mil metros de vía pecuaria de una cañada de Jerez.

La operación se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, tras tener conocimiento de unas supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en la Cañada Real de Albadalejos-Cuartillos, en la barriada rural de Magallanes.

A partir de ahí, el equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil comprobó que efectivamente se había realizado un asfaltado ilegal por parte de la asociación de vecinos de la barriada aprovechando una instalación de unas conducciones realizada por el Ayuntamiento de Jerez.

Los agentes determinaron que una vez finalizadas las obras promovidas por el Consistorio, una junta de vecinos aprobó por unanimidad la contratación de la empresa Suralmaq, de El Puerto, para el asfaltado, un trabajo por el que cada vecino debió abonar 600 euros.

Las obras se realizaron un fin de semana y el pago se hizo en metálico y sin que la transferencia se hiciera constar en los libros de contabilidad de la asociación.

La propia investigación ha determinado que todo ello se hizo así a instancias de la propia empresa y con la intención de no dejar rastros de su ilícito proceder.

Tanto la asociación de vecinos como la constructora han asegurado no recordar los hechos, habiendo quedados imputados tanto el presidente del primer colectivo como el responsable de la empresa como presuntos responsables de un delito contra la ordenación del territorio.