Provincia de Cádiz

14.000 gaditanos demandan una vivienda de alquiler social a la Junta

  • En concreto, 47 familias aseguran estar ya en una situación límite, al borde del desahucio

"No puede haber gentes sin casas ni casas sin gentes". Haciéndose eco del clamor que la calle está gritando a pleno pulmón el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, Manuel Cárdenas (IU), mostró ayer su satisfacción por la aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto Ley que garantiza la función social de la vivienda, un reglamento que se publica hoy en el BOJA y que desde mañana mismo entrará en vigor basándose en dos pilares fundamentales: la expropiación temporal del uso de las viviendas en proceso de desahucio si la familia ocupante está en riesgo de exclusión social y la creación de un censo de viviendas desocupadas de personas jurídicas, entendiendo como tales bancos, inmobiliarias y promotoras.

Cárdenas, que ayer estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil (PSOE), apuntó que gracias a esta medida "la Junta está dando respuesta al drama de los desahucios, que azota a 45 familias cada día en Andalucía".

El delegado territorial subrayó otro dato bastante significativo a nivel provincial: "Antes incluso de aprobar el Decreto Ley más de 14.000 gaditanos se han inscrito en el registro de demandantes que solicitan una vivienda de alquiler social, y 47 han acudido a las oficinas de la Junta en Cádiz asegurando que su situación ya es límite, esto es, que están a punto de perder su techo".

Ante esta realidad que los números no hacen más que confirmar, ambos representantes autonómicos se mostraron orgullosos "de haber aportado algo de esperanza al final del túnel" a aquellas personas que se han visto desposeídas de sus inmuebles o que están a punto de sufrir un lanzamiento judicial de los mismos.

"El Gobierno andaluz ha entonado el ¡Basta ya! defendiendo los intereses generales frente a los particulares, pues entendemos que la vivienda es un derecho, no una mercancía", sentenció López Gil en un contexto cuanto menos preocupante para una provincia "en la que 598.000 personas viven con unos ingresos inferiores a los 12.000 euros al año, bien porque han perdido su puesto de trabajo y sólo cuentan con un subsidio de garantía social, bien porque han visto reducido sobremanera su salario".

Por si estas cifras no fueran lo suficientemente pésimas, el delegado del Gobierno puso la puntilla con el número de ejecuciones hipotecarias en la provincia: "2.093 sólo durante el 2012; y 10.394 desde que comenzara la crisis hace cinco años", argumentó.

Tanto López Gil como Cárdenas están convencidos de poner punto y final a esta dura realidad mediante las dos acciones de gran envergadura en las que se sustenta el ya famoso Decreto Ley. Para la primera de ellas, la expropiación temporal durante un periodo máximo de tres años, la Junta fijará un justiprecio y lo abonará a la entidad propietaria para llevar a cabo la ocupación siempre y cuando sea la vivienda habitual del afectado, éste no disponga de otra, esté en riesgo de exclusión social y cumpla unos requisitos económicos. Dichos requisitos pasan por que la persona destine el 25% de sus recursos a afrontar la tasa de pago de la vivienda a la Junta. "Evidentemente, si dicha persona no cobra nada, no pagará nada", argumentó Cárdenas.

Por otra parte, el censo de viviendas desocupadas de personas jurídicas sacará a la luz todos aquellos inmuebles sociales a los que los bancos, entre otros, han accedido por el embargo de los mismos, lo que se traduce en "un 20% del total de la vivienda en Cádiz", detalló el delegado de Gobierno. "A partir de ahora las entidades financieras tendrán la obligación de demostrar a la Junta en el plazo máximo de un mes que esas fincas están a disposición del registro de demandantes para que se ocupen inmediatamente, si no podrán ser multados", se mostró tajante el delegado territorial.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios