El preso peligroso Manuel Olivares, encarcelado en la prisión de Soto del Real, se estaba desesperando. Su madre no le cogía el teléfono. Y se cae al suelo. Cuando los funcionarios van a atenderle, de no se sabe dónde saca un objeto punzante y, sin venir a cuento, la emprende contra uno de los que están tratando de auxiliarle. Otra agresión más. 2.100 agresiones en los últimos seis años tienen contabilizadas los sindicatos de prisiones.

Funcionarios de prisiones de toda España han vuelto a sacar sus pancartas a la puerta de sus centros: "¡Basta ya de agresiones!". En el complejo de El Puerto, donde se concentran tres prisiones, salieron cerca de 200 trabajadores siguiendo la convocatoria de los sindicatos Acaip-UGT, CSIF y Apfp.

Lo que piden los sindicatos es que se cubran las más de 3.000 vacantes que tiene este cuerpo de funcionarios y que se proceda a una fórmula más sensata (y menos peligrosa) de la población penitenciaria. Ninguna de estas reivindicaciones se ha atendido desde que llevan demandándolo. Y de eso ya hace una legislatura entera con sus dos diferentes gobiernos.

Estos sindicatos denuncian que no hay medidas preventivas, que hay una alta población reclusa que sufre enfermedades mentales que no son tratadas debidamente y que, además, la agresión a los funcionarios tiene sanciones suficientemente leves como para que el agresor no se sienta intimidado por las consecuencias de su comportamiento violento.