Funcionarios sin medios básicos en el nuevo Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda
Más de diez días después de su incorporación, varios empleados públicos siguen sin ordenador, claves de acceso ni mobiliario, lo que les impide desempeñar sus funciones
Las incidencias, puestas en conocimiento de Infraestructuras y Prevención de Riesgos Laborales, evidencian un arranque marcado por la falta de previsión administrativa
La Zona de Bajas Emisiones de Sanlúcar costará 430.000 euros en 2026
A más de diez días de su nombramiento, varios de los nuevos funcionarios asignados al recién creado Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda continúan sin poder desempeñar sus funciones por falta de medios materiales y acceso a los sistemas informáticos.
Según fuentes internas del propio órgano judicial, al menos dos trabajadores siguen sin disponer de ordenador, ni claves de acceso al sistema, lo que les impide realizar cualquier tarea administrativa. En uno de los casos, la situación es aún más precaria: el funcionario carece incluso de silla, estanterías o cajonera, es decir, de cualquier equipamiento básico de oficina.
Estas carencias, que fueron comunicadas la semana pasada al departamento de Infraestructuras de Cádiz, se han puesto también en conocimiento este miércoles de la Secretaría General de Infraestructuras y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido solución alguna.
Fuentes judiciales denuncian lo que califican como un “despilfarro de recursos públicos”, dado que se están pagando sueldos a personal que no puede desarrollar su labor por motivos totalmente ajenos a su voluntad. “No se trata de falta de interés por parte de los trabajadores, sino de una absoluta falta de medios para trabajar. Lo denuncian porque quieren trabajar”, lamentan.
La situación, aseguran, está generando frustración entre los nuevos empleados y malestar en la plantilla, que teme que este tipo de carencias se repitan en el futuro. Los afectados piden una reacción urgente por parte de la Administración de Justicia para poner fin a una situación que consideran “inadmisible” en un servicio público esencial.
Temas relacionados
4 Comentarios