Tras cuatro horas prestando declaración ante el juez, los dos funcionarios del Ayuntamiento isleño detenidos en la tarde del pasado miércoles por un presunto delito de malversación de caudales públicos quedaron en libertad con cargos al no encontrarse indicios suficientes que motivaran su ingreso en prisión preventiva a la espera del juicio.

Clemente Ruiz y María José Lebrero, responsables de la Caja municipal denunciados por el propio Ayuntamiento por la desaparición de 468.623 euros entre enero y marzo de 2009, marcharon a sus respectivos domicilios tras permanecer tres días en retenidos en la Comisaría.

Ni la ingente documentación aportada por el Área Municipal de Economía y Hacienda ni la incautada en los registros realizados en la jornada del viernes en el domicilio y en el negocio inmobiliario propiedad de Clemente Ruiz aportaron indicios suficientes para que la jueza ordenara el ingreso en prisión de los dos trabajadores municipales imputados. Esta falta de pruebas, según explicaron sus abogados defensores, es la que ha motivado la decisión de la jueza de dejarlos en libertad con cargos y sin fianza.

Minutos antes de las tres de la tarde, los dos funcionarios, que a primera hora de la mañana habían pasado a disposición judicial, abandonaron los Juzgados para dirigirse a Comisaría, desde donde poco después salieron en libertad. Sus familiares, que les esperaban en la puerta, les recibieron con abrazos y muestras de afecto y apoyo.

Aunque se ha decretado secreto de sumario, hay constancia de la existencia de un importante desfase contable en la Caja municipal del servicio de Economía y Hacienda y de la pérdida de casi medio millón de euros en el primer trimestre del año pero, de momento, no hay pruebas suficientes que culpen directamente a los dos funcionarios responsables del servicio hasta la jornada del pasado miércoles.

Así lo explicaron sus abogados defensores, que apelaron a la existencia de un desfase histórico de la Caja municipal que -afirmaron- podría llegar hasta a los siete millones de euros en varios años, un dato que no está confirmado. "Nuestros clientes han sido utilizados como cabezas de turco", manifestaron los letrados, que aludieron a la confusa situación de este área municipal.

También anunciaron los abogados que los acusados se plantean la posibilidad de personarse como acusación particular contra el Ayuntamiento tras la denuncia que realizó el pasado miércoles -entienden- sin la existencia de pruebas suficientes que acrediten su implicación en un delito de malversación de caudales públicos. Los abogados aludieron así al daño moral causado a los detenidos y a la fuerte presión que han recibido durante los últimos tres días de interrogatorios. También apelaron a la presunción de inocencia y reprocharon que el Ayuntamiento les hubiera abierto un expediente administrativo y les hubiera suspendido de empleo y sueldo cuando aún no se ha demostrado su supuesta implicación en el delito.